Una mañana de enero, en una clínica rural de Michoacán, una madre llegó con su hijo de seis años que llevaba días con fiebre alta. El médico sabía exactamente qué necesitaba: un antibiótico de uso común, barato y esencial. Pero al abrir el gabinete de medicamentos, solo encontró estantes vacíos. La madre tuvo que viajar casi dos horas para comprar el fármaco por su cuenta, pagando un precio que representaba más de la mitad de su ingreso semanal. Esa escena, repetida miles de veces en el país, ilustra un problema que no es anecdótico, sino estructural: el desabasto de medicamentos en el sistema público de salud.
El desabasto no es un fenómeno aislado ni reciente. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y organizaciones de monitoreo ciudadano, entre 2019 y 2023 se registraron más de 60 mil reportes de falta de medicamentos en hospitales y clínicas públicas. Además, el Coneval estima que alrededor de 15 millones de personas experimentaron dificultades para acceder a medicamentos gratuitos en el último año. En algunos estados, la disponibilidad de claves esenciales ha caído por debajo del 70%, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda niveles superiores al 90%.
El impacto financiero también es considerable. El gasto de bolsillo en medicamentos en México representa cerca del 40% del gasto total en salud, uno de los porcentajes más altos entre los países de la OCDE. Esto significa que, cuando el sistema público no provee los fármacos necesarios, las familias deben asumir costos que pueden llevarlas a endeudarse o sacrificar otros bienes básicos.
Un sistema de salud sólido no es solo un servicio público: es un pilar del desarrollo económico y social. Cuando las personas no pueden acceder a medicamentos esenciales, se deteriora su salud, disminuye su productividad y aumenta la carga para las familias cuidadoras. La falta de tratamiento oportuno también incrementa los costos futuros del sistema, pues enfermedades simples se convierten en padecimientos graves que requieren hospitalización o intervenciones más costosas.
Además, la salud es un componente central de la cohesión social. La confianza en las instituciones se erosiona cuando la población percibe que el Estado no puede garantizar algo tan básico como el acceso a medicamentos. En un país con desigualdades profundas, el desabasto amplifica brechas: quienes tienen recursos compran sus tratamientos; quienes no, simplemente no se curan.
Resolver el desabasto requiere una estrategia integral que combine eficiencia operativa, competencia económica y modernización tecnológica. Tres líneas de acción son especialmente relevantes:
Revisión de normas de patentes y propiedad intelectual. Un marco regulatorio equilibrado debe proteger la innovación, pero también permitir la entrada oportuna de genéricos y biosimilares. Reducir barreras regulatorias innecesarias, agilizar procesos de aprobación y evitar extensiones artificiales de patentes puede aumentar la competencia y reducir precios, beneficiando directamente al sistema público.
Licitaciones de medicamentos con enfoque pro competitivo. El diseño de compras públicas debe incentivar la participación de múltiples proveedores, evitar adjudicaciones excesivamente concentradas y promover reglas claras que reduzcan riesgos de colusión. Licitaciones segmentadas, contratos plurianuales y mecanismos de evaluación transparentes pueden atraer más oferentes y asegurar precios más bajos y estables.
Uso de tecnología e inteligencia artificial en la cadena de suministro. La IA puede mejorar la planeación de la demanda, anticipar quiebres de stock y optimizar rutas de distribución. Sistemas de trazabilidad en tiempo real permitirían detectar fallas logísticas antes de que se conviertan en desabasto. Además, algoritmos de predicción pueden ayudar a ajustar compras según estacionalidad, patrones epidemiológicos y consumo histórico.
México tiene la capacidad técnica y humana para resolver el desabasto, pero requiere decisiones estratégicas y sostenidas. Garantizar el acceso a medicamentos no es solo una política sanitaria: es una inversión en bienestar, productividad y justicia social.
