La semana pasada estuvo en México la economista Mariana Mazzucato para presentar el balance que realizó para la Secretaria de Economía sobre el rumbo del Plan México. Mazzucato dirige el Instituto para la Innovación y el Propósito Público, de la Universidad de Londres.
En sus libros e investigaciones Mazzucato lleva años abogando por cinco ideas centrales para impulsar el desarrollo económico de un país. La primera, el Estado como el motor innovador de una economía. Para la economista italo-estadounidense, esto tiene que ir atado a "misiones industriales", indispensables para incentivar el desarrollo de sectores específicos de producción. En ese sentido, la vocación del Plan México por potenciar sectores como minerales críticos, farmacéutico y dispositivos médicos o semiconductores, entre otros, va en línea con la teoría de Mazzucato.
En tercer lugar, su visión sugiere un mayor equilibrio entre la participación del Estado y el sector privado. Mazzucato aboga por que se reconozca el papel del Estado en el éxito de las empresas. Esta noción sobre compartir el éxito ha inspirado a personalidades como el Senador Berni Sanders, en Estados Unidos, que propone que parte de las acciones de una colocación en bolsa de las empresas de Inteligencia Artificial quede en manos del Gobierno.
La cuarta idea central en el pensamiento de Mazzucato gira en torno de la necesidad de medir el valor de una inversión, no solo en términos económicos, sino también considerando su impacto social y ambiental. Lo anterior es clave para priorizar inversiones con mayor beneficio en el bienestar de las sociedades, en línea con la meta de Sheinbaum de promover el "Bienestar Compartido".
Finalmente, señala la urgente necesidad de invertir más en capacitación (upskilling y reskilling) para el mercado laboral, que necesariamente tendrá que adaptar sus capacidades conforme avanza la tecnología, y los trabajadores transitan de un empleo a otro.
Para Mazzucato y su colega Lara Merling el Plan México es un ejemplo claro de que estas cinco directrices son parte de la visión de la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, enumeran ocho retos estructurales importantes para potenciar el logro de los objetivos que persigue. El primero de ellos, sin duda el de mayor alcance, es la capacidad fiscal del gobierno para invertir más en innovación. Con el poco espacio fiscal actual en la finanzas públicas de México, el gobierno cuenta con escasos recursos para invertir y ser el motor de innovación que la economía mexicana requiere. Otro reto de gran calado sería de utilizar las compras de gobierno para estimular los mercados. Esta es justamente la filosofía que la actual Administración está impulsando en el sector farmacéutico y en el de energías renovables, entre otros, para atraer inversiones mixtas en medicamentos clave para nuestro sistema de salud pública, así como para acelerar la transición energética.
También urge ser más eficaces con el financiamiento a largo plazo que debería darse a través de la banca de desarrollo de México. Algo que el reporte no menciona, sin embargo, es que se requiere de multiplicar el número de proyectos de infraestructura y energía del sector privado, para que sean receptores de este financiamiento. Adicionalmente, las académicas omiten mencionar la importancia y la escala del sistema de pensiones, así como la urgencia de más y mayores proyectos de infraestructura para canalizar el ahorro de los trabajadores en inversiones que darán un rendimiento positivo en un horizonte de 20 o 30 años.
La propuesta más concreta que hacen es sobre cómo "subsanar", al menos un poco, el escaso margen fiscal. En este sentido, plantean un incremento de un punto porcentual en las tasas del IVA (de 16% a 17%), del ISR para personas físicas (de 35% a 36%) y del ISR para personas morales (de 30% a 31%), lo que permitiría obtener recursos adicionales cercanos a 0.85% del PIB, es decir unos 300 mil millones de pesos. En mi opinión, antes de elevar impuetos habría que parar la sangría fiscal que significan las pérdidas de Pemex.
En síntesis, en el balance que hacen Mazzucato y Merling, el Plan México requiere de mayor capacidad fiscal y financiera del Estado, así como una mayor participación del sector privado, para alcanzar los objetivos que se propone de política industrial.
