La entrada en vigencia del Decreto 581 del 5 de junio de 2026, expedido por el Ministerio del Trabajo, abrió un nuevo capítulo en la regulación de la tercerización laboral en Colombia.
La norma endurece la vigilancia y las sanciones contra los esquemas de intermediación ilegal, con multas que pueden llegar hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero también dejó inquietudes entre trabajadores y empresas sobre el futuro de las empresas de servicios temporales.
Sin embargo, para Miguel Pérez García, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset),buena parte de la controversia nace de una interpretación equivocada del decreto. Asegura que la norma no elimina ni restringe la operación de las empresas de servicios temporales, sino que ratifica que son la única figura autorizada por la ley para suministrar trabajadores en misión a otras compañías cuando existen necesidades temporales.
"El decreto, en lo que tiene que ver con las empresas de servicios temporales, es totalmente legal y favorece la actividad de las empresas y de los trabajadores en misión. Lo que hace es reconocer que somos la única figura autorizada por ley para enviar trabajadores en misión a terceros", afirmó en entrevista con este diario.
El sector de servicios temporales está conformado por cerca de 500 empresas en Colombia, de las cuales 150 hacen parte de Acoset. En conjunto generan alrededor de 500.000 empleos formales al año y representan pagos cercanos a $15 billones anuales entre salarios, aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales.
Los sectores que más utilizan esta modalidad son la industria manufacturera, los servicios, la construcción y el turismo, actividades que requieren responder con rapidez a incrementos de producción o temporadas de alta demanda.
El decreto endurece el control contra la tercerización ilegal, pero mantiene las empresas de servicios temporales.
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El objetivo central del Decreto 581 es establecer criterios para que los inspectores del Ministerio del Trabajo puedan diferenciar cuándo una tercerización es legal y cuándo constituye un mecanismo para ocultar una verdadera relación laboral.
La normadefine la tercerización laboral como una forma de organización mediante la cual una empresa encarga a un tercero la ejecución de una parte de su proceso productivo, siempre que ese contratista actúe por su cuenta y riesgo, con autonomía técnica, administrativa, financiera y directiva.
En contraste, el decreto considera que existe tercerización laboral ilegal cuando el contratista carece de esa autonomía o cuando los trabajadores terminan subordinados directamente a la empresa beneficiaria del servicio.
En esos casos, el Ministerio del Trabajo podrá ordenar medidas como la formalización laboral, la suspensión de contratos civiles o comerciales irregulares e imponer multas que pueden alcanzar los 5.000 salarios mínimos, además de suspender actividades o revocar licencias de funcionamiento en los casos más graves.
No obstante, Acoset sostiene que el decreto también hace una precisión importante: distingue esa modalidad de tercerización de la figura de las empresas de servicios temporales, reguladas desde hace más de tres décadas por la Ley 50 de 1990.
"La confusión que la gente tiene es que se ha venido generalizando que las empresas de servicios temporales están prohibidas para atender actividades permanentes, y eso no es cierto", explicó Pérez García.
Uno de los principales temores surgidos tras la expedición del decreto era que miles de trabajadores vinculados mediante empresas temporales pudieran perder su empleo o que esta modalidad desapareciera.
Sin embargo, el presidente de Acoset insiste en que el decreto no modifica los derechos laborales de quienes son contratados bajo esta figura.
El trabajador en misión continúa siendo empleado de la empresa de servicios temporales, por lo que conserva el derecho a salario, prestaciones sociales, vacaciones, afiliación al sistema de salud, pensión, riesgos laborales y demás garantías establecidas en la legislación colombiana.
"Estamos dando una solución al empleo formal y al mismo tiempo a las necesidades de flexibilidad de las empresas. El trabajador tiene todas las garantías porque es contratado directamente por la empresa de servicios temporales, que es su verdadero empleador", señaló.
El dirigente enfatizó que la contratación temporal no significa precarización laboral, sino un mecanismo para responder a necesidades específicas de las compañías sin perder la formalidad del vínculo laboral.
Uno de los aspectos que más dudas ha generado es el alcance de las actividades que pueden ser cubiertas mediante trabajadores en misión.
El Decreto 581, en concordancia con la Ley 50 de 1990 y la Ley 2466 de 2025 (reforma laboral), mantiene que las empresas de servicios temporales solo pueden suministrar trabajadores para necesidades de carácter ocasional, accidental, transitorio, excepcional o estacional.
Esto incluye, entre otros casos:
- Reemplazos por vacaciones, incapacidades, licencias o licencias de maternidad.
- Incrementos temporales de producción o de prestación de servicios.
- Temporadas altas de ventas o turismo.
- Cosechas y actividades estacionales del sector agropecuario.
Además, el decreto establece que los incrementos temporales podrán extenderse hasta por seis meses, prorrogables por otros seis meses. Si la necesidad persiste, ya no podrá cubrirse mediante otra empresa temporal para el mismo servicio, pues esa rotación sucesiva será considerada intermediación laboral ilegal.
Para Pérez García, aquí radica una de las mayores confusiones. "Lo importante no es si la actividad de la empresa usuaria es permanente. Lo importante es que la necesidad que se está atendiendo sea temporal, excepcional o estacional. Esa diferencia es la que muchas personas están interpretando de manera equivocada", explicó.
El foco del decreto está en las figuras que ocultan relaciones laborales
A juicio de Acoset, el verdadero impacto del Decreto 581 recaerá sobre las empresas que suministran personal mediante figuras distintas a las autorizadas por la ley.
El decreto señala que será un indicio de tercerización ilegal cuando el contratista no tenga infraestructura propia, carezca de capacidad administrativa o financiera, no asuma los riesgos del negocio o cuando sea la empresa beneficiaria quien dirija directamente a los trabajadores, defina horarios, imparta órdenes, ejerza control disciplinario o tome decisiones sobre despidos y renovaciones.
En esos casos, la autoridad laboral podrá presumir la existencia de una relación laboral directa, salvo que la empresa demuestre que el contratista realmente opera con autonomía.
"El problema no son las empresas de servicios temporales. El problema será para las figuras ilegales que manejan trabajadores mediante contratistas, subcontratistas, cooperativas, contratos sindicales u outsourcing de personal cuando realmente existe subordinación frente al beneficiario del servicio", sostuvo Pérez García.
El dirigente explica que el decreto diferencia claramente dos escenarios.
Por un lado, la contratación de un tercero para ejecutar un proceso completo o prestar un servicio con autonomía empresarial.Allí el contratista debe administrar a sus propios trabajadores.
Por el otro, están las empresas de servicios temporales, cuya función precisamente consiste en enviar trabajadores en misión para colaborar temporalmente con la empresa usuaria en los casos previstos por la ley.
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Aunque el gremio respalda el contenido conceptual del decreto, considera que algunos apartados podrían generar discusiones jurídicas.
Las observaciones no están relacionadas con la definición de las empresas de servicios temporales, sino con algunas facultades otorgadas a los inspectores del trabajo para intervenir en contratos comerciales, ordenar determinadas medidas administrativas o pronunciarse sobre situaciones relacionadas con estabilidad laboral.
Aun así, Pérez García sostiene que, desde la perspectiva del sector, el decreto representa más una clarificación que un cambio de reglas.
"No veo problemas desde el punto de vista del servicio temporal porque reproduce lo establecido en la Ley 50 de 1990 y en la Ley 2466 de 2025. Lo que hace el decreto es definir de manera precisa las diferentes figuras de tercerización e intermediación. Si se leen las definiciones del primer artículo, queda suficientemente claro cuáles son las figuras legales y cuáles son las ilegales", concluyó.
Para el dirigente, el principal reto ahora será evitar interpretaciones erróneas que generen incertidumbre entre empresas y trabajadores, pues insiste en que el Decreto 581 no elimina las empresas de servicios temporales, sino que fortalece el control sobre quienes utilizan mecanismos de tercerización para evadir obligaciones laborales.
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