El expresidente venezolano Nicolás Maduro ha sido acusado de autorizar la ejecución de 1300 personas.
El exmandatario, quien fue destituido de su cargo tras ser capturado durante una redada militar estadounidense en enero, se encuentra actualmente encarcelado en Nueva York. Maduro fue detenido por cargos de narcotráfico, pero ahora enfrenta una demanda civil presentada por las familias de cinco jóvenes que supuestamente fueron asesinados por orden suya.
Según informó el New York Times el martes, los demandantes presentaron la demanda bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, una legislación de 1991 que permite presentar demandas civiles en tribunales federales de Estados Unidos contra personas acusadas de cometer tortura o asesinatos extrajudiciales mientras actuaban en calidad oficial en otro país.
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Los cinco hombres, cuyas familias están detrás de la demanda, estaban entre las aproximadamente 1300 personas asesinadas por una fuerza de seguridad de élite venezolana entre 2017 y 2020 durante una importante ofensiva policial lanzada por el presidente Nicolás Maduro, supuestamente para combatir el crimen, según la demanda.
Casi diez años después, las familias responsabilizan al exdictador por sus muertes, presentando una demanda federal en el mismo estado donde él se encuentra en prisión federal.
Los asesinatos mencionados en la demanda comenzaron después de que el régimen de Maduro anunciara una "Operación de Liberación y Protección del Pueblo", a través de una serie de campañas militarizadas. La acción provocó de inmediato la reacción de organizaciones de derechos humanos.
Un informe de la ONU señaló que las fuerzas de seguridad venezolanas mataron al menos a 6856 personas en un período de 18 meses en 2018 y 2019. Afirmaron que alteraron las escenas del crimen plantando armas o drogas y montaron situaciones para que pareciera que las víctimas se habían resistido al arresto.
Semanas después de la publicación del informe, Maduro respaldó firmemente a las fuerzas, escribiendo en 2019: "Todo nuestro apoyo para ustedes, logístico y físico. Todo nuestro apoyo a las FAES en su trabajo diario de brindar seguridad al pueblo. ¡Vivan las FAES!".
Una mujer, cuyo hijo fue asesinado en 2017 y que en la demanda aparece solo como Jane Doe 1, dijo: "No estoy pidiendo nada, estoy exigiendo. El Estado mató a mi hijo".
La demanda fue presentada por tres madres y un padre, así como por una mujer a la que le mataron a dos hermanos durante el operativo policial, informó el Times. Para protegerlos de represalias, la demanda se presentó con seudónimos.
Michael Reed Hurtado, uno de los abogados, dijo que las familias buscan daños punitivos y compensatorios.
"Esta demanda refleja la extraordinaria determinación de las familias de las víctimas para enfrentar los abusos de poder y afirmar que nadie está por encima de la ley", dijo Hurtado.
