SANTIAGO DE CHILE.– La reciente visita oficial del presidente José Antonio Kast a la Argentina donde tuvo su primer encuentro protocolar con Javier Milei, abrió un inesperado frente de conflicto interno en el Palacio de La Moneda.

El eje de la tensión se encuentra en la declaración conjunta que ambos mandatarios suscribieron el pasado lunes, en la cual el líder chileno ratificó el histórico respaldo de su país a los derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

La controversia escaló a partir de las advertencias del senador por la región de Magallanes, Alejandro Kusanovic, quien manifestó una profunda preocupación por la mención expresa a los “espacios marítimos circundantes” dentro del documento oficial.

Para el legislador independiente, este texto representa un riesgo de superposición de áreas territoriales que podría colisionar con los intereses soberanos de Chile en la zona austral y su proyección natural hacia el continente antártico.

“La proyección de los espacios marítimos adyacentes de islas del mar Austral que reclama la Argentina se superpone con el territorio de Magallanes y la Antártida chilena, incluso en zonas al sur del Cabo de Hornos", señaló Kusanovic.

El parlamentario exigió una aclaración inmediata por parte de la Cancillería, pues considera que el comunicado oficial afecta la integridad de la plataforma continental en el extremo sur del país y solicitó que se resguarden los derechos de su región.

Ante la magnitud del revuelo político, el canciller Francisco Pérez Mackenna asistió ayer a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado con el objetivo de desactivar las críticas. El jefe de la diplomacia chilena aseguró que la declaración del presidente Kast se ajusta de manera estricta a una política de Estado que permanece sin modificaciones desde hace más de 35 años. Según el ministro, el texto no introduce novedades técnicas ni compromete la soberanía nacional de Chile.

El Gobierno enfatizó que la redacción del comunicado es idéntica a la que emplearon todas las administraciones desde el retorno a la democracia en el país. Según consigna el medio chileno Emol, el respaldo de Chile a la posición argentina se mantuvo bajo los mismos términos desde los acuerdos de Patricio Aylwin y Carlos Menem en 1992, hasta la gestión de Gabriel Boric junto a Alberto Fernández en 2022. La lista incluye también los mandatos de Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

Desde diversos sectores políticos se alzaron voces para calificar este episodio como una “autopolémica” innecesaria. El senador por Arica, Vlado Mirosevic, instó a la oposición y a los sectores críticos a no generar conflictos artificiales en materia de política exterior.

El legislador subrayó la importancia de resguardar los intereses nacionales y evitar el uso partidario de una postura diplomática que goza de un amplio consenso histórico en el Estado chileno.

Por otro lado, Benjamín Salas, quien fuera asesor internacional durante la presidencia de Sebastián Piñera, defendió la corrección del documento en una carta pública. Salas precisó que la plataforma continental a la cual Chile tiene derecho no presenta riesgo alguno de superposición con los espacios que generan las islas Malvinas, de acuerdo con lo estipulado por la Convención sobre el Derecho del Mar.

Esta visión técnica busca llevar tranquilidad ante las sospechas de una supuesta negligencia en la defensa del territorio.

La inquietud del sector legislativo tiene como trasfondo la solicitud que la Argentina realizó en 2009 ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU. Aquella presentación buscó extender los márgenes argentinos más allá de las 200 millas, lo que mantiene una histórica vigilancia por parte de las autoridades de Santiago.

En medio de este clima de debate, la Armada de Chile difundió un video institucional que resalta la relevancia estratégica del mar chileno, gesto que muchos analistas interpretaron como una señal de firmeza ante la opinión pública.

Finalmente, el exembajador José Antonio Viera-Gallo recordó que todas las pretensiones territoriales en el área se encuentran reguladas por el Tratado Antártico de 1959.

Este pacto internacional, que suscribieron doce naciones entre las que figuran Chile y la Argentina, mantiene en suspenso las reclamaciones de soberanía para evitar que la región sea objeto de disputas geopolíticas de gran escala.

Viera-Gallo celebró que el actual Ejecutivo mantenga la tradición diplomática como garantía de estabilidad en la relación bilateral con la Argentina.

Agencia ANSA