Buenos Aires, 27 may (EFE).- Las consultas y denuncias por obstáculos para acceder al aborto en Argentina aumentaron un 300 % en 2025 respecto del año anterior, según un informe difundido este miércoles por Amnistía Internacional, que alertó sobre un "alarmante deterioro" en el acceso a este derecho reconocido por ley en el país suramericano desde 2020.

En la antesala del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, este jueves 28 de mayo, la organización publicó un estudio en el que alertó sobre el significativo aumento en la cifra de denuncias recibidas en 2025 en comparación con 2024: fueron 406 en el último año, en comparación con las 102 del año anterior.

El informe señaló que la falta de insumos, los recortes y el retiro del Estado nacional de políticas de salud sexual y reproductiva desde el inicio del mandato del presidente Javier Milei en diciembre de 2023 han trasladado el costo del acceso al aborto a las personas gestantes.

La organización agregó que más de la mitad de las provincias argentinas reportaron faltantes de misoprostol y que casi todas registraron desabastecimiento de mifepristona, medicamentos utilizados para abortos seguros.

Según datos oficiales citados en el informe, en 2025 hubo 191 llamados a la línea telefónica de salud sexual del Ministerio de Salud nacional por falta de insumos.

“Cuando ese acceso queda sujeto a la capacidad de cada jurisdicción, las mujeres y personas gestantes en situación de mayor vulnerabilidad quedan más expuestas a abortos inseguros y a riesgos para su salud y su vida”, afirmó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.

El documento indica además que mujeres y personas gestantes fueron informadas en centros de salud públicos que debían comprar por su cuenta la medicación, cuyos costos pueden alcanzar los 300.000 pesos locales (unos 210 dólares).

AI relevó casos de personas que consideraron pedir préstamos y endeudarse para acceder a una práctica que la ley garantiza de manera gratuita.

El informe identifica a la provincia de Salta (norte) como uno de los casos más críticos, donde casi un 50 % de los llamados registrados por falta de insumos correspondieron a esa jurisdicción.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) cumplió cinco años el pasado diciembre. Según los más recientes datos oficiales, entre 2021 y octubre de 2023, 245.015 accedieron a abortos seguros.

Numerosas organizaciones locales y regionales denuncian que -desde el inicio del Gobierno de Milei, quien ha expresado en numerosas ocasiones su oposición a la ley- las barreras para acceder a la IVE son cada vez más frecuentes.

(c) Agencia EFE