El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, decidió dar por finalizado el programa Volver al Trabajo, que en su última actualización otorgaba a los beneficiarios un ingreso de 78 mil pesos mensuales. La medida afecta a casi un millón de personas en todo el país, incluyendo a 18.500 beneficiarios en Santiago del Estero, cuyo último pago será en abril.
La decisión del Ejecutivo fue analizada en Radio Panorama por Jessica Cajal, de Libres del Sur, y Ezequiel Altamirano, del Polo Obrero, quienes criticaron la medida, al señalar que es golpe a la economía de las familias que dependían de este ingreso.
"Es un golpe muy duro para la economía de estas familias", sostuvo Cajal, y agregó que se trata de una medida que requiere un análisis más profundo sobre la concepción del Estado respecto al manejo de estos programas.
El programa, que previamente se denominaba Potenciar Trabajo, rescataron los dirigentes, brindaba más que un ingreso: garantizaba obra social, aportes jubilatorios mediante monotributo y la posibilidad de participar en actividades de contraprestación laboral. Los referentes sociales y políticos, señalaron que 78 mil pesos no alcanza para vivir, pero que constituye un salario complementario para quienes no cuentan con empleo formal.
En Santiago del Estero, los beneficiarios realizaban trabajos en diversos oficios: desde docentes y cartoneros, hasta tareas de instalaciones eléctricas, veredas y limpieza de barrios, contribuyendo al mantenimiento de infraestructura pública y privada. Se estima que la baja del programa implica que 1.500 millones de pesos dejarán de circular en la provincia, afectando tanto a las familias como a los municipios.
Reconversión
El Gobierno reconvirtió el programa en la entrega de vouchers de capacitación en oficios, pero los beneficiarios dejarán de percibir los 78 mil pesos, los cuales pasarán a las empresas o capacitadores que administren las capacitaciones.
"No se trata de un ingreso que se mantiene, sino que se le transfiere a la empresa que capacita. Esto demuestra una concepción del gobierno que margina la participación directa de las organizaciones sociales", cuestionó Altamirano.
Fuente: El Liberal
