En busca lograr una modernización laboral el poder ejecutivo está transmitiendo a las principales cámaras empresariales como la UIA y la de Comercio en medio una aceleración de los tiempos para avanzar con cambios en materia laboral que permitiría dotar a muchos sectores de nuevos convenios.
El gobierno busca "modernizar" el mercado laboral, mejorando los costos para la empresa y promoviendo negociaciones con los empleados."El gobierno avanzará con la modernización laboral, esperamos que ustedes den rápidas señales para aprovechar las nuevas leyes" ese es el mensaje transmitido. En ese sentido, una de las claves de la nueva iniciativa es que permitirá sellar convenios colectivos por regiones, y terminará con la denominada "ultraactividad".
La ultraactividad es una de las herramientas más defendidas por los sindicatos, porque establece que un convenio colectivo sigue vigente y sus condiciones se mantienen aplicables una vez que expira su plazo, hasta que se negocie y entre en vigor uno nuevo. El objetivo es reducir esa informalidad y posibilitar que en muchos rubros haya un blanqueo de gran alcance.
Jornada Laboral
La reforma incluirá una extensión de la jornada laboral, actualmente de ocho horas, pero desde el gobierno salieron a rechazar de plano que la idea sea extenderla hasta 12 horas.
Otro foco polémico es el cambio que se impulsa en el régimen de horas extras, introduciendo un sistema de "banco de horas", una especie de cuenta corriente entre la empresa y el trabajador, sobre la base de las horas trabajadas.
Productividad y Salarios
Una de las claves de la propuesta oficial será incluir una nueva modalidad para definir los aumentos salariales, tomando como referencia la productividad de los trabajadores. En la actualidad, los aumentos salariales de los trabajadores en relación de dependencia se definen en el marco de negociaciones paritarias, de las que participan sindicatos, empresas y el Estado.
La nueva modalidad incluiría un piso salarial común, con aumentos según el desempeño laboral.
Juicios laborales
El proyecto establece que las PyMEs podrán pagar las indemnizaciones por despido y multas derivadas por juicios laborales en hasta un máximo de 12 cuotas mensuales consecutivas. El objetivo de la reforma será también mejorar la ecuación de un sistema previsional muy golpeado. Es que el empleo independiente, registrado bajo la figura de monotributo, creció 42% desde 2012, mientras que el formal se incrementó 3% y el público un 34%.
Los costos de contratación son muy distintos si se hacen de manera formal o a través de contratación de servicios: un empleado en relación de dependencia, con un salario de $2 millones, representa una erogación de casi $ 6,5 millones por año en concepto de contribuciones y aportes a la seguridad social. Mientras que un empleado independiente con la misma facturación significa un costo de $ 218 mil para la seguridad social.
Fuente: diarionorte.com
