La decisión, adelantada por fuentes de la Casa Rosada, responde oficialmente a la necesidad de "mayor eficiencia", aunque detrás del ajuste se esconde una fuerte sospecha: posibles filtraciones internas que habrían comprometido la estrategia legal del país.
El titular de la Procuración, Santiago María Castro Videla, designado en febrero tras la salida de Rodolfo Barra, lleva adelante una "purga" dentro del organismo. Según voceros oficiales, la medida busca desactivar eventuales canales de fuga de información sensible, en momentos en que la Argentina enfrenta una compleja disputa con los fondos Burford Capital y Eton Park por la nacionalización de YPF.
Aunque desde la Procuración niegan públicamente cualquier vínculo con filtraciones, el hermetismo es total. Funcionarios cercanos a Javier Milei afirmaron que información reservada sobre el litigio comenzó a trascender por vías no oficiales y que incluso se sospecha de la "venta de datos" a los fondos demandantes. Esta hipótesis aceleró los cambios internos, que incluirán la disolución de áreas administrativas.
El recorte se produce justo después de una serie de noticias positivas para el Gobierno en el frente judicial. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió de manera cautelar la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF. Además, Estados Unidos —bajo las administraciones de Trump y Biden— se sumó como amicus curiae en respaldo del país sudamericano.
Pese a que Castro Videla es el titular del organismo, no participa directamente del juicio por YPF, ya que se excusó por haber sido socio del constitucionalista Alberto Bianchi, testigo clave de Burford en el caso. La representación argentina está a cargo de su número dos, en coordinación con el prestigioso estudio Sullivan & Cromwell, encabezado por Robert Giuffra Jr., abogado vinculado al entorno de Trump, quien cobra honorarios de casi 1.800 dólares la hora.
Desde la Casa Rosada evitan confirmar si la reestructuración ya estaba prevista antes de las sospechas, pero una fuente calificada admitió que "las filtraciones encendieron todas las alarmas". Aseguran que el ajuste no forma parte del plan económico de Federico Sturzenegger, sino que responde a una cuestión puntual de seguridad institucional.
El comunicado oficial de la Procuración será difundido en breve, aunque no hará referencia a las versiones sobre la supuesta filtración. Insistirá con el argumento de que la reestructuración busca mejorar el funcionamiento del organismo.
La Procuración del Tesoro es el principal órgano de asesoramiento legal del Poder Ejecutivo y de la administración pública. Su rol es clave en litigios internacionales como el de YPF, que involucra miles de millones de dólares. La sospecha de que información crítica pudo haber sido vendida desde adentro marca un punto de quiebre en la estrategia defensiva del Estado.
Fuente: diarionorte.com
