Abren investigación contra billeteras virtuales por 2.240 denuncias por abuso en créditos y morosidad.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires profundizó los controles sobre las billeteras virtuales que ofrecen servicios de financiamiento y abrió expedientes contra distintas empresas del sector luego de recibir 2.240 denuncias de consumidores.

Las presentaciones realizadas ante las autoridades bonaerenses están relacionadas principalmente con presuntas irregularidades en créditos, condiciones de pago y mecanismos utilizados para reclamar deudas. Según informó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación bonaerense, Augusto Costa, las investigaciones podrían derivar en sanciones de hasta $1.883 millones por empresa.

La Provincia aclaró que su intervención no apunta a establecer las tasas de interés ni a regular el funcionamiento financiero de estas compañías, sino a verificar que cumplan con las obligaciones establecidas por la Ley de Defensa del Consumidor.

Uno de los principales puntos bajo análisis es la información que reciben los usuarios antes de aceptar un préstamo. Las autoridades buscan determinar si las plataformas explican de manera suficientemente clara las tasas, los plazos, los costos financieros y las condiciones que deberá afrontar cada persona.

Costa sostuvo que existen casos en los que las condiciones de determinados créditos resultarían muy difíciles de afrontar. Como ejemplo, mencionó préstamos de $70.000 con un costo de $9.000 en apenas un mes, lo que, al proyectarse anualmente, representaría una tasa superior al 1.000%.

El funcionario también cuestionó la manera en que algunas plataformas determinarían las condiciones de financiamiento para cada cliente, a partir de la información que obtienen de las operaciones realizadas dentro de sus propios sistemas y plataformas de comercio electrónico.

Otro de los ejes de las investigaciones está relacionado con las estrategias utilizadas para recuperar créditos vencidos. Entre las denuncias recibidas aparecen comunicaciones reiteradas, contactos con familiares, mensajes enviados a personas del entorno del deudor y llamados a lugares de trabajo.

"Recibimos denuncias de llamados a familiares, mensajes y llamados a los lugares de trabajo, mensajes a cualquier hora", señaló Costa, quien consideró que este tipo de prácticas podría constituir hostigamiento cuando no existe una justificación legítima para ese mecanismo de cobro.

El gobierno bonaerense ya había iniciado meses atrás una investigación de oficio contra Mercado Libre y Mercado Pago por presuntos incumplimientos a las normas de defensa del consumidor. De acuerdo con Costa, aquella actuación derivó en modificaciones de los términos y condiciones de los servicios ofrecidos por la compañía.

Para el ministro, ese antecedente demuestra que las autoridades provinciales pueden intervenir en defensa de los usuarios aun cuando no tengan facultades para establecer las reglas generales del sistema financiero.

Costa también planteó la necesidad de reducir las diferencias entre el tratamiento que reciben los bancos tradicionales y las empresas fintech. Según explicó, las billeteras virtuales utilizan fondos propios para otorgar determinados préstamos y pueden establecer tasas que no se encuentran sujetas a las mismas regulaciones que rigen para otras entidades.

El aumento de las denuncias se produce en un contexto de mayor utilización del crédito digital por parte de los hogares. Desde el gobierno bonaerense vincularon ese fenómeno con las dificultades económicas que atraviesan muchas familias y con la necesidad de recurrir a préstamos de corto plazo para afrontar gastos cotidianos.

En ese sentido, Costa sostuvo que muchas personas solicitan montos pequeños no para realizar compras extraordinarias, sino para cubrir necesidades básicas como alimentos o servicios.

La administración de Axel Kicillof anticipó que continuará utilizando las herramientas disponibles para controlar las prácticas de las empresas y proteger a los consumidores. Al mismo tiempo, buscará mantener el diálogo con las compañías involucradas mientras continúan los expedientes y se determina si existieron incumplimientos.

Las investigaciones deberán establecer ahora la responsabilidad de cada empresa y determinar si las conductas denunciadas vulneraron efectivamente la legislación vigente en materia de defensa del consumidor.

 Fuente: El Liberal