17 de Abril, 2026-Quiere la aplicación inmediata de la reforma laboral-En una movida estratégica excepcional, el Gobierno nacional presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se levante de inmediato la suspensión cautelar que pesa sobre 82 artículos de la reforma laboral (Ley 27.802).

La medida había sido dispuesta por el juez laboral Raúl Horacio Ojeda a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), y el Ejecutivo busca una resolución rápida del máximo tribunal para evitar que la demora judicial afecte la vigencia de la norma.

   El recurso, impulsado por la Secretaría de Trabajo con patrocinio de la Procuración del Tesoro, sostiene que el fallo de Ojeda "compromete instituciones básicas del sistema republicano", al suspender con efectos generales una ley sancionada por el Congreso. Argumenta que el magistrado excedió sus facultades y avanzó indebidamente sobre el Poder Legislativo, vulnerando el modelo de control de constitucionalidad y la forma republicana de gobierno. Por ello, reclama una "resolución pronta y expedita" para restaurar la seguridad jurídica.

   La presentación oficial cuestiona además la competencia del juez para intervenir en un proceso colectivo de alcance nacional, afirmando que no existía un "caso, causa o controversia" que justificara su decisión. También objeta que Ojeda no analizó la legitimación de la CGT ni acreditó la verosimilitud del derecho invocado para dictar una cautelar erga omnes, es decir, con efectos para todos. Para el Gobierno, cada día que se mantiene la suspensión genera un daño "absolutamente irreparable" a nivel nacional.

   Previamente, la jueza federal Macarena Marra Giménez había resuelto un conflicto de competencia, apartando a Ojeda y derivando la causa al fuero Contencioso Administrativo Federal. Aunque esa decisión fue celebrada por el Ejecutivo, no resultó suficiente: ahora busca que la Corte Suprema asuma directamente el caso y deje sin efecto la cautelar.

   La CGT había solicitado declarar la inconstitucionalidad de diversos artículos de la reforma, argumentando que vulneran derechos reconocidos en la Constitución Nacional, como los artículos 14 bis, 16, 17, 18, 28, 43 y 75. El sindicato denunció afectaciones a la progresividad de derechos, la libertad sindical, la no discriminación, la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

   Mientras se resuelve el recurso, quedan suspendidos aspectos centrales de la reforma: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL); restricciones al derecho de huelga por sector; el cálculo de indemnizaciones sin incluir aguinaldos y otros pagos no mensuales; la creación del "banco de horas" por acuerdo individual; la fragmentación obligatoria de vacaciones; el pago en cuotas de indemnizaciones; el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires; y la derogación de la Ley de Teletrabajo.

   También están frenadas normas que excluían a los trabajadores de plataformas digitales de la protección laboral, eliminaban el principio de interpretación a favor del trabajador, suprimían la obligación de preaviso en el período de prueba, y priorizaban convenios colectivos de ámbito empresarial por sobre los de actividad, habilitando negociaciones a la baja. Asimismo, se suspenden artículos que limitan asambleas, reducen créditos horarios para delegados, debilitan la tutela sindical y permiten sanciones gremiales, incluido el retiro de personería.

   Con este movimiento, la disputa por la reforma laboral queda en manos de la Corte Suprema, que deberá pronunciarse sobre un tema de alta sensibilidad política y social, en un contexto donde el equilibrio de poderes y los derechos laborales están en el centro del debate. La decisión del máximo tribunal definirá no solo el destino de la ley, sino también los límites de la intervención judicial sobre normas aprobadas por el Congreso.

17-04-26 Fuente: diarionorte.com