Aseguran que quienes ya venían con el tratamiento seguirán recibiéndolo, y que se atenderán las urgencias. Autoridades nacionales del organismo previsional acudieron a la Justicia.

---

Después de varios meses de conflicto, los centros de diálisis del país decidieron desde ayer no recibir a nuevos pacientes del Pami, debido a la falta de respuesta a sus reclamos por la actualización de los aranceles, que consideran que están desfasados con los últimos aumentos de insumos, que deben importarse.

Sin embargo, las autoridades nacionales decidieron presentar una medida cautelar para garantizar la prestación del servicio a sus afiliados.

Frente a esta situación, entre 350 y 400 nuevos pacientes de Pami que en promedio se incorporan a este servicio por mes en todo el país, quedarían sin cobertura.

Posiciones

El doctor Rolando Barbieri, propietario de un centro de diálisis en nuestra provincia y tesorero de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra), reiteró que “la situación ya no daba para más”, pues desde hace bastante tiempo se venía dilatando, a la espera de una respuesta a sus reclamos.

Aclaró no obstante que “aquellos pacientes afiliados al Pami que estaban siento atendidos, seguirán recibiendo el servicio, al igual que se cubrirán todas las urgencias”.

Por su parte, el responsable de la seccional de Pami de Santiago del Estero, Julio Castro, admitió que el problema existe desde hace tiempo, pero dijo que “de ninguna manera” los afiliados se quedarán sin el servicio.

“Lo último que sabemos desde Pami nacional, es que el servicio de diálisis a los nuevos pacientes se seguirá prestando, porque el organismo garantiza esa atención”.

Las autoridades nacionales de Pami expresaron su sorpresa ante la decisión y garantizaron la atención de sus afiliados.

A través de un comunicado, anunciaron que irán a la Justicia para pedir el dictado de una medida cautelar de “no innovar” ante lo que consideraron “una amenaza” de las cámaras del sector.

En Santiago existen 9 centros de diálisis en Capital, La Banda, Las Termas de Río Hondo y Frías, los que atienden aproximadamente a unos 260 afiliados al Pami, según precisó Julio Castro.

Medida cautelar

Pami, a través de sus abogados realizó una presentación ante la Justicia Federal solicitando el dictado de una medida cautelar de “no innovar” en el marco de “las amenazas de la Confederación de Asociaciones de diálisis de la República Argentina (Cadra), la Cámara Argentina de Productos y Servicios de Terapia Renal y la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires”.

Según el organismo, la medida “busca evitar la suspensión de una prestación que podría afectar a miles de pacientes”.

“Pami no registra ni una deuda con ningún prestador de diálisis del país. A su vez este año las prestadoras de diálisis aumentaron el 70% su facturación con respecto al año pasado”, asegura, al tiempo que ratifica su “compromiso como obra social en el fortalecimiento de todo el sistema de salud, asegurando todos los pagos en tiempo y forma”.

Añade que las prestaciones de diálisis durante el 2020 aumentaron más que la inflación, y que se pagan “precios similares a los del promedio del resto de las obras sociales y prepagas, mientras le brinda cobertura al 35 por ciento de todos los pacientes que realizan tratamientos de diálisis en el país”.

Los prestadores hablan de un fuerte desfasaje

El titular de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra), Miguel Discépolo, dijo que “no es una medida de fuerza sino de imposibilidad de seguir prestando un servicio debido a que el precio que recibimos por cada sesión de diálisis no logra cubrir los costos mínimos. Hay un desfasaje entre el valor que paga Pami ($ 5.600 la sesión) por las prestaciones y el valor real de las mismas. El desajuste es superior al 40%”.

Desde el sector, aseguraron que para cubrir los gastos necesitan $ 8.000 por sesión, lo que sin margen de rentabilidad representa el reclamo de un aumento de $ 2.400. El último ajuste fue en agosto de 2019. Una suba de alrededor de un 69% que se hizo de forma escalonada, en concepto de todo lo que venía atrasado. En los últimos dos años cerraron cerca de 20 centros por cuestiones económicas.l

10/12/2020 Fuente y foto:EL LIBERAL