La jueza federal Jennifer Rochon rechazó la demanda colectiva presentada por inversores presuntamente damnificados por el lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda $Libra y dispuso el cierre de la causa que tramitaba ante los tribunales federales de Nueva York.
Jennifer Louise Rochon, la jueza de Nueva York que rechazó la demanda colectiva y cerró el caso de la criptomoneda.
Rocho admitió así los pedidos de desestimación formulados por Hayden Mark Davis y los demás integrantes de Kelsier Ventures, por Benjamin "Ben" Chow y por Dynamic Labs, y rechazó además el intento de los demandantes de ampliar nuevamente su denuncia, por lo que los impulsores de la "class action" deberán evaluar ahora si recurren a la Cámara de Apelaciones.
Rochon concluyó que los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta no habían logrado demostrar sus acusaciones de fraude, conspiración, enriquecimiento injustificado y violaciones de la ley federal RICO —utilizada contra organizaciones que desarrollan un patrón continuado de actividades ilícitas—. En particular, consideró que no habían acreditado el requisito de continuidad exigido para configurar un "patrón" de actividad ilícita bajo esa legislación.
En su resolución, Rochon analizó si las acusaciones formuladas en la demanda cumplían los estándares legales necesarios para avanzar con el litigio y si el tribunal tenía jurisdicción sobre los demandados. Al resolver las mociones de los demandados, la jueza tomó como ciertos, a efectos de ese análisis, los hechos alegados en la demanda para evaluar si permitían configurar jurídicamente los reclamos invocados.
El principal argumento de Davis y Kelsier para desactivar la demanda colectiva coincidió con el punto que finalmente adoptó la magistrada: los demandantes habían descripto un supuesto esquema que, según su propia presentación, se desarrolló durante un período demasiado breve para satisfacer el requisito de continuidad.
La demanda sostenía que la estructura había comenzado a operar al menos en octubre de 2024 y continuado hasta la presentación inicial del expediente, el 17 de marzo de 2025. Rochon consideró que esos aproximadamente seis meses no constituían un "período sustancial" para demostrar una continuidad cerrada de actividad delictiva.
Los demandantes habían intentado sostener, en cambio, que existía una continuidad abierta; es decir, que Davis, Chow y otros acusados habrían desarrollado un modelo repetible para lanzar distintos criptoactivos y que, de no haber sido expuestos, los supuestos fraudes habrían continuado. Pero Rochon tampoco aceptó ese argumento.
La magistrada también señaló que la denuncia no aportaba elementos suficientes para demostrar una amenaza concreta de continuidad del supuesto delito. En particular, consideró insuficientes las referencias generales a otros proyectos y a una supuesta "pipeline" de futuros lanzamientos.
En el caso de Davis y Kelsier, sin embargo, el fallo no terminó allí. Una vez descartada la demanda federal bajo RICO, Rochon analizó si los tribunales de Nueva York tenían jurisdicción personal sobre los demandados para resolver las restantes acusaciones, basadas en la legislación estadual. Concluyó que no.
Fuente: diarionorte.com
