La Justicia intervino en un conflicto por la cosecha de 450 hectáreas de maíz, luego de que se denunciara la sustracción de producción correspondiente a unas 105 hectáreas, valuadas en más de $300.000.000. El hecho habría ocurrido entre el viernes y el sábado en un establecimiento rural ubicado a la vera de la ruta 34, a unos 10 kilómetros de Pinto, en el departamento Aguirre.
La denuncia fue presentada por el abogado Víctor Nazar, en representación del empresario español nacionalizado argentino Fernando Jesús Rodríguez Sáez, quien actualmente se encuentra en Paraguay. Según indicó el letrado, su representado mantiene una sociedad de hecho con Alexis Cadamuro, oriundo de Córdoba, con quien habría realizado la siembra.
De acuerdo con la presentación judicial, el domingo se detectó la presencia de personas retirando la cosecha mediante camiones, tolvas y camionetas. El hecho fue denunciado en la Seccional 17 de Pinto. La Fiscalía interviniente, a cargo de Guillermo Farías, dispuso una medida de no innovar para frenar cualquier movimiento sobre la producción.
Fuentes judiciales indicaron que, en el marco de la causa, también se habría dictado una medida perimetral que impide el acercamiento de Cadamuro al lugar. En tanto, desde la otra parte se denunció a una pareja integrada por una mujer gendarme en actividad y un ex gendarme, de apellidos León y Luna, respectivamente, además de un hombre de apellido Peralta, quien sería propietario de los vehículos utilizados.
Según las actuaciones, se trataría de tres cosechadoras, una tolva y dos camionetas. Tras la intervención judicial, se dispuso la paralización del traslado de los granos y la inmovilización de los vehículos involucrados.
Disputa por la propiedad del campo
Ambas partes sostienen ser propietarias del mismo campo. En ese contexto, el empresario español presentó documentación, incluyendo una escritura, con la que busca acreditar la titularidad del inmueble y de las semillas utilizadas en la siembra.
Hasta el momento, se estima que la producción extraída corresponde a unas 105 hectáreas, mientras que el destino de las restantes 345 continúa sin definirse.
Tensión y medidas de seguridad
El conflicto generó un clima de tensión en el acceso al establecimiento. Testigos señalaron que durante el enfrentamiento se habrían producido amenazas con un arma de fuego, hecho que quedó incorporado a la investigación.
Ante esta situación, las autoridades dispusieron una consigna policial permanente en el lugar para resguardar el predio y garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales.
La causa continúa en investigación y se prevé que las partes se presenten en los tribunales de Añatuya con documentación destinada a respaldar sus respectivas posiciones sobre el inmueble y la cosecha.
13-07-26 Fuente: diariopanorama.com
