Un estudio de EConcept con 4.000 simulaciones demostró que la minería de cobre del proyecto Quebradona no compite con la agricultura del Suroeste de Antioquia y podría generar $5,2 billones en impuestos para Colombia.

Así lo dio a conocer Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y actual presidente del Banco de Bogotá, quien presentó ante empresarios, periodistas y exfuncionarios el estudio “Del cobre al bienestar”, una consultoría que encargó la Minera de Cobre Quebradona (MCQ), filial de AngloGold Ashanti.

La pregunta que se hizo el estudio fue: ¿puede la minería industrial convivir con el aguacate, el tomate y el turismo? Según las simulaciones, la respuesta es sí y puede potenciarse mutuamente.

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Cabe recordar que, en diciembre de 2025, la Agencia Nacional de Minería (ANM) negó la prórroga solicitada por Minera de Cobre Quebradona S.A.S. para continuar en la etapa de exploración del título minero ubicado entre los municipios de Jericó y Támesis, en el Suroeste antioqueño. La decisión, tomada tras un análisis técnico y jurídico, marca un nuevo revés para el proyecto minero.

Para entender la dimensión del debate, hay que partir de lo que ya ocurrió en esa región, ya que, entre 2012 y 2024, el Valor Bruto de Producción (VBP) agrícola del Suroeste antioqueño creció 2,5 veces en términos reales.

La producción de aguacate pasó de ser casi inexistente a superar las 110.000 toneladas anuales. Los cítricos, el banano, el tomate y otros cultivos sumaron entre 30.000 y 70.000 toneladas adicionales.

“En una década es absolutamente notable. Es un milagro económico, literalmente”, dijo Echeverry en entrevista con EL COLOMBIANO.

Ahora, según él, viene el segundo milagro. Y la pregunta que se les encargó resolver al equipo de economistas, integrado también por Andrés Escobar, Tomás González y Mauricio Santamaría, era si los dos pueden ocupar el mismo territorio sin destruirse.

EConcept analizó 184 municipios del país que iniciaron actividad extractiva después de 2012. En tres de cada cuatro casos, el valor de la producción agrícola aumentó tras la llegada de la minería.

No cayó, sino que aumentó también la diversificación, debido a que el número promedio de cultivos pasó de 10,9 a 13,0 productos por municipio.

Los números son más específicos cuando se comparan por tipo de minería. Los municipios cupríferos registran un VBP agrícola promedio de 83.575 millones de pesos, con una canasta de cultivos más variada que incluye café, aguacate y plátano. Los petroleros llegan a 108.980 millones. Ambos superan con amplia distancia a los municipios sin actividad extractiva.

La correlación estadística entre actividad extractiva y valor agrícola es positiva, indicó Echeverry.

El economista explicó que la única excepción que encontró el estudio es el oro informal, donde los mineros artesanales reemplazan a los trabajadores agrícolas porque son las mismas personas haciendo dos cosas distintas.

“Ese fenómeno no aplica para Quebradona, la mina tiene una profundidad de entre 400 metros y un kilómetro bajo tierra, y la ley de oro es apenas del 1%, muy lejos del 15% de Segovia o Remedios. Sin proceso industrial, extraer cobre o ese oro no es técnica ni económicamente viable para la minería artesanal”, dijo.

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Otro de los temores centrales en Jericó es el del agua, sobre este, el estudio señala que la zona de influencia directa de la mina está encapsulada y separada de los acuíferos que abastecen los cultivos.

Las operaciones ocurren a cientos de metros de profundidad y a más de un kilómetro de distancia de las zonas agrícolas más cercanas. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no negó la licencia, la aplazó mientras pide mediciones adicionales en un corredor de tres kilómetros donde aún faltan datos hidrológicos. Esa es la tarea pendiente de AngloGold Ashanti.

El equipo de EConcept corrió 4.000 simulaciones con variables de precio del cobre, del oro y la plata, tasa de cambio, posibles retrasos en el licenciamiento y distintos escenarios de carga impositiva. El método fue la simulación de Monte Carlo, que genera rangos de probabilidad en lugar de una sola cifra.

En el escenario base, la mediana estadística, conocida como P50, los resultados son los siguientes: las exportaciones de cobre, oro y plata alcanzarían su pico en 2035 con 1.500 millones de dólares constantes de 2026 por año. Para dimensionarlo, eso equivale a 1,2 veces las exportaciones anuales de banano colombiano o a 3,4 veces las de ferroníquel. Un solo proyecto.

En 2030, en plena fase de construcción, la Inversión Extranjera Directa (IED) atribuible al proyecto llegaría a 800 millones de dólares, el 0,15% del PIB proyectado para ese año.

En materia fiscal, el recaudo de impuesto de renta durante la vida útil del proyecto alcanzaría 5,2 billones de pesos constantes de 2026, descontados a la Tasa Social de Descuento.

Asimismo, las regalías para Jericó y los municipios de influencia sumarían 0,99 billones de pesos, casi un billón, en el mismo escenario. La inversión social voluntaria de la empresa llegaría a 175.500 millones de pesos.

EConcept calculó también el impacto indirecto de las compras que el proyecto haría en el mercado doméstico entre 2029 y 2051, usando la Matriz Insumo-Producto del Dane de 2021.

En ese caso, las compras directas a proveedores nacionales generarían 6,4 billones de pesos en producción adicional. Los efectos indirectos, como las cadenas que se activan en servicios, logística, comercio y manufactura, suman otros 5,1 billones. En total, 11,5 billones de pesos.

Los sectores más beneficiados serían servicios públicos, minería y canteras y comercio. La agricultura, aunque no recibe compras directas, captaría 33.000 millones de pesos en impactos indirectos durante ese periodo.

En empleo, el proyecto generaría 2.373 puestos directos entre trabajadores de MCQ y contratistas, más 68.000 empleos adicionales entre 2029 y 2051 derivados de esa demanda de bienes y servicios.

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Aquí el estudio entró en un terreno que Echeverry describió como la parte más sensible del análisis: calcular qué pasaría con Jericó si los recursos de las regalías se invierten en política social con criterio técnico.

El municipio tiene hoy un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del 22,6%, una tasa de pobreza monetaria significativa y un coeficiente de Gini de 0,54. Sobre esos datos, EConcept diseñó una Política Social Integral con cinco programas: subsidio al aseguramiento en salud, Colombia Mayor, transferencias monetarias, subsidio a la seguridad social de informales, y apoyo al logro educativo con 211 cupos anuales entre nivelación de bachillerato y formación técnica en minería.

Los resultados proyectados son los siguientes: El IPM de Jericó caería 10,8 puntos porcentuales, una reducción del 47,8%. Para comparar: entre 2018 y 2024, el IPM de todo Antioquia cayó 4,4 puntos en seis años.

A su vez, la pobreza monetaria bajaría 14,9 puntos y la pobreza monetaria extrema desaparecería. El Gini pasaría de 0,54 a 0,49, una caída del 9,7% que lo acercaría a los niveles de Uruguay.

“Jericó bajaría su Gini de 0,54 a 0,48 o a 0,46, que es el Gini de Uruguay”, dijo Echeverry al agregar que “sería un parte aguas en la vida de Jericó”.

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El exministro situó el proyecto en un contexto global que convierte la discusión de Jericó en algo más grande, ya que Chile concentra el 60% de sus exportaciones en cobre. Perú, el 30%.

Ambos países están montados en lo que los analistas de materias primas llaman un superciclo del cobre, impulsado por la demanda de cables para energías renovables, vehículos eléctricos, centros de datos y microchips de inteligencia artificial.

Colombia está en el mismo cinturón andino de pórfidos cupríferos (cobre) donde Chile y Perú construyeron su liderazgo. El estudio de la USGS y la Agencia Internacional de Energía (IEA) citado en la presentación indica que la demanda global de cobre crecerá de forma sostenida y que se requiere nueva oferta. Quebradona podría ser la señal de apertura de ese mercado para Colombia.

“Si no se hace ese proyecto, se le dice a la industria del cobre que Colombia se quedó por fuera”, advirtió Echeverry.

También indicó: “Y si nos seguimos quedando por fuera de negocios clave, lo que estamos haciendo es optar por que Colombia se quede más pobre”.

Por otra parte, Echeverry usó una comparación histórica para cerrar el argumento y se preguntó qué habría pasado en Colombia sin el petróleo entre 1980 y hoy.

“No habría habido con qué financiar la justicia, la seguridad, la salud, la educación ni las carreteras. La minería petrolera y carbonífera construyó el país que existe, aunque la mayoría de los colombianos no tiene conciencia de eso”.

En la conversación con este medio aclaró que “esta mina no es solo esa mina. Es como si estuviéramos hablando del primer campo petrolero en Colombia en 1918. Da una señal a la industria minera del cobre para que sepa que aquí se juega ese campeonato, como los peruanos, como los chilenos”.

Cuando se le preguntó por los conflictos sociales y ambientales que rodean al proyecto, como protestas campesinas, el rechazo de organizaciones civiles y la posición de la Iglesia católica en la zona, Echeverry no esquivó el tema y dijo que cualquier intervención, pública o privada, genera reacción.

Agregó que el problema es no tener herramientas para resolverlos. Su diagnóstico fue que la discusión en el Suroeste ha estado contaminada por lo que llamó “mitología”, la idea de que la minería y la agricultura son incompatibles por naturaleza, sin evidencia que lo respalde.

Frente a los temores concretos, como minería informal atraída por el oro, competencia por el agua, presión sobre los salarios agrícolas, sostuvo que la respuesta debe ser científica y pública. “Dejemos que la ciencia nos ilumine. Así funcionan todos los países civilizados”, dijo.

Y reconoció que el momento de hacer esa pedagogía no es después de que lleguen las máquinas, sino antes. “Este ejercicio me hubiera gustado que se hiciera en Arauca o en Casanare. Ahí llegó la explotación y los problemas se vieron después. Aquí se pueden mitigar desde antes”.

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