Bolivia atraviesa uno de los momentos más tensos de los últimos años. La escasez de combustible, alimentos y medicamentos, sumada a la inflación y al malestar social, mantiene al país en una ola de protestas que ya completa tres semanas y que pone contra las cuerdas al gobierno de Rodrigo Paz.

La crisis comenzó como una protesta contra la reducción de subsidios al combustible, pero rápidamente se transformó en un movimiento multisectorial que reúne a mineros, transportistas, campesinos, docentes y sindicatos de distintas regiones del país. Mientras algunos reclaman aumentos salariales y mejores condiciones económicas, otros rechazan reformas agrarias impulsadas por el Ejecutivo.

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En las calles de La Paz, epicentro de las movilizaciones, la situación se ha vuelto cada vez más violenta. Manifestantes han bloqueado vías estratégicas, atacado edificios públicos y protagonizado enfrentamientos con la Policía, que ha respondido con gases lacrimógenos y operativos para despejar carreteras. Según la Fiscalía, unas 90 personas han sido detenidas y al menos tres han muerto en medio de los disturbios.

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El impacto económico también comienza a sentirse con fuerza. Los bloqueos mantienen incomunicada a La Paz desde hace casi dos semanas, dejando miles de camiones varados y provocando desabastecimiento de alimentos, combustible y material médico. Bancos cerraron temporalmente algunas sedes por motivos de seguridad y la estatal petrolera YPFB reportó problemas para distribuir crudo en varias regiones.

El presidente Rodrigo Paz ha defendido las medidas de austeridad y asegura que son necesarias para controlar el déficit fiscal y estabilizar la economía. Sin embargo, el Gobierno enfrenta presiones crecientes para declarar un estado de excepción, mientras sectores empresariales y comerciales convocan contramarchas contra los bloqueos.

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En medio del caos, también reapareció la figura del expresidente Evo Morales, cuyos simpatizantes participan activamente en las protestas y exigen la salida del mandatario. Desde Cochabamba, Morales ha respaldado las movilizaciones y acusa al Gobierno de ignorar la crisis económica que golpea al país.

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Analistas advierten que Bolivia enfrenta un escenario de alta tensión social y política, con el riesgo de que las protestas deriven en enfrentamientos más graves entre distintos sectores de la sociedad civil.