La resolución del fiscal fue emitida el 15 de enero, pero el contenido recién se conoció este martes 12 de mayo, cuando medios locales accedieron a ella, mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y las autoridades de la justicia electoral definen si será o no el rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las presidenciales del próximo 7 de junio.

La próxima instancia será el miércoles 27 de mayo, cuando está previsto que se realice una audiencia donde se formalizará la acusación, que incluye un pedido de inhabilitación política. En es momento restarán poco más de dos semanas para la realización de la segunda vuelta.

Allí, el juez de turno deberá decidir si existe o no suficiente prueba para dar lugar a un juicio contra el dirigente político.

En el expediente, el fiscal afirma que Sánchez habría presentado una declaración con información supuestamente falsa en 2018 y presuntos aportes económicos falsos en 2019, en los informes financieros del partido Juntos por el Perú.

Según la Fiscalía, tanto el candidato como su hermano William Sánchez habrían recibido hasta 280.000 soles (unos 81.500 dólares, sin declarar en documentos financieros de la formación, en concepto de aportes cobrado a los afiliados del partido.

En tanto, Carlos García Asenjo, abogado de Roberto Sánchez aseguró que el dirigente político no fue el encargado de elaborar las declaraciones financieras y criticó a la fiscalía por no informar cómo usó los aportes su defendido.

Sánchez fue el único ministro que permaneció durante todo el Gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y ahora dio el paso de ser candidato presidencial en nombre del exmandatario, que cumple una condena de 11 años y 5 meses de prisión.

Con EFE.