Cuando las madres buscadoras tomaron el micrófono, el protocolo en la presentación del informe Desapariciones en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se rompió.

“Cuando llegue a mi territorio voy a agarrar mi mochilita del miedo y me la voy a volver a poner, pero hoy quiero hablar”, dijo Viviana Mendoza, del colectivo guanajuatense Hasta Encontrarte, quien busca a su hermano Manuel desde hace ocho años.

Hasta ese momento, en el auditorio del Museo Memoria y Tolerancia, en el Centro Histórico de la Ciudad de México,  funcionarios mexicanos y representantes de la CIDH hablaban de cifras, estrategias y compromisos frente a una crisis que acumula más de 128 mil personas desaparecidas en México y un estimado de 70 mil cuerpos sin identificar.

Por eso, la principal conclusión del reporte, dado a conocer este 11 de mayo —cuyo objetivo es hacer un balance de los avances y desafíos de las políticas implementadas por el Estado mexicano para hacer frente a esta crisis humanitaria desde el 2018—  no tomó a nadie por sorpresa: la desaparición en México es “un fenómeno indiscriminado” y “generalizado que se da en todo el territorio nacional”.

Durante la presentación, la postura oficial se mantuvo en los márgenes de la diplomacia. Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que “hablar de la desaparición de personas representa una herida que requiere toda la atención del Estado mexicano”.

“Por ninguna circunstancia se niega ni se minimiza”, enfatizó en el mismo sentido, Enrique Ochoa, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Atender la desaparición constituye una prioridad para este gobierno”, subrayó.

Del lado de la CIDH, la comisionada Andrea Pochak, vicepresidenta del organismo, sostuvo la diplomacia sin quitar el dedo de la llaga. Reconoció la apertura de México al diálogo, a la vez que señaló la apremiante impunidad que prevalece en los casos de desaparición, que se evidencia en la casi nula judicialización de casos y la baja emisión de sentencias. También señaló que, aunque el crimen organizado es el principal autor de este delito, las desapariciones forzadas —aquellas cometidas por o en connivencia con alguna autoridad—, siguen sucediendo. 

Sentada en la mesa de los ponentes, a un lado de los representantes del Estado mexicano, la buscadora Viviana Mendoza relató la frustración de las familias frente a la respuesta institucional, en particular ante la narrativa oficial sobre las cifras de personas desaparecidas en el país.

Cuestionó la actualización presentada por autoridades en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional a finales de marzo, sobre que existen 46 mil personas desaparecidas “que no tienen datos suficientes para ser buscadas”. Mendoza acusó que mientras el Estado modifica  los registros “todas las mujeres en todo el país, todos los días, salen a buscar a esos 46 mil que no tienen datos suficientes”.

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En su informe, la CIDH respalda este reclamo al documentar la desconfianza generalizada en la “Estrategia Nacional de Búsqueda” oficial (el llamado censo), la  cual fue implementada desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y después se amplió ya en la la administración Sheinbaum sin consultar a las familias y utilizando categorías como “sin datos suficientes para identificar”.

“Vienen a decir fantasías de todo lo que está pasando en el país […] de verdad, señores funcionarios, son ustedes una vergüenza para este país”, lanzó en su oportunidad de tomar la palabra, Eliana García, sobreviviente de la llamada Guerra Sucia. Con su intervención, el evento desembocó en un sentido reclamo colectivo de las familias presentes.

“El Estado no quiere reconocer a nuestros seres queridos, pero nosotras, sus madres, somos la prueba de que ellas y ellos existen”. Las palabras de Diana Iris, madre de un joven desaparecido, fueron citadas en la presentación de la CIDH, por María Luisa Aguilar, directora del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

Al escucharlas, las familias presentes en el auditorio asintieron, gritaron consignas por lo bajo o comenzaron a llorar; una muestra de que esta labor constante también cobra un precio físico y emocional. Una vez más, quedó en evidencia que en México, las principales investigadoras son las madres, antes que las autoridades.

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“De hecho, si no nos mata el crimen organizado, nos mata la depresión, porque en el transcurso de todos estos años se han muerto mis compañeras de diabetes, de depresión algunas, muchas han tenido desprendimiento de retina por el llanto prolongado, ante la ausencia de las instituciones”, añadió Viviana Mendoza al describir la realidad por la que también pasan los cuerpos de las buscadoras.

El informe de la CIDH también confirma este patrón, detallando que las jornadas de búsqueda y la incertidumbre detonan en los familiares desde enfermedades metabólicas hasta severos trastornos de ansiedad y depresión.

La geografía del exterminio también fue un punto de choque. Durante la presentación, la CIDH expuso su preocupación por el hallazgo en 2025 del “Rancho Izaguirre” en Teuchitlán, Jalisco, un predio que, de acuerdo con el informe y  autoridades mexicanas, funcionó por tiempo prolongado como centro de reclutamiento, asesinato y desaparición con posible aquiescencia del Estado.

En marzo de 2026, Animal Político, en colaboración con medios como A dónde van los desaparecidos y ZonaDocs, en alianza con la alianza Tejer.Red publicaron Las prendas hablan, un trabajo periodístico que reconstruye parte de las historias en vida de las personas cuyas prendas fueron halladas dentro entre   las más de mil 800 evidencias encontradas en el Rancho Izaguirre.

Silvia Ortiz, una madre buscadora de Coahuila y que durante 21 años ha luchado por encontrar a su hija Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, tomó el micrófono para aterrizar las dimensiones de la tragedia.

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“Si se asustan por un rancho en Teuchitlán, vean Patrocinio. El rancho de Teuchitlán cabe 63 veces en Patrocinio y tenemos 11 años trabajando en Patrocinio y siguen saliendo restos”.

Así, cansada de los eufemismos legales, exigió cambiar la narrativa del delito. “No estoy de acuerdo con la palabra desaparición. A las personas las levantaron, a las personas se las llevaron. No es un acto de magia”, dijo.

Luego de la partición de Ortiz, un grupo de familiares de personas desaparecidas que portaban camisetas de la selección mexicana intervenidas con la frase ¿Dónde están? denunciaron que las autoridades “se han encargado de tapar todas las fichas de personas desaparecidas para recibir un mundial de futbol”.

El último reclamo apuntó a la descentralización de la impunidad. Valentina Peralta, de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, cuestionó que los compromisos internacionales se asuman solo a nivel federal, mientras las autoridades locales se desentienden de la crisis.

“¿Dónde están los gobernadores?, ¿dónde están los fiscales?”, preguntó, recordando que territorios como Guanajuato se han vuelto “un lugar sin ley”.

Peralta también visibilizó la crisis forense que se vive en los estados. “Tenemos más de 70 mil u 80 mil seres humanos en las fosas comunes de los estados, de las fiscalías, de los gobiernos estatales […] Dónde están para respondernos”.

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Un abandono que, como concluyó uno de los testimonios, deja a las familias con una pregunta constante frente al Estado. “¿Qué seguimiento va a haber? Yo quiero saber si realmente vamos a ser escuchados”.

En el informe, la CIDH emite 40 recomendaciones clave en áreas de prevención, búsqueda forense y justicia. Los funcionarios mexicanos se comprometieron a analizar e implementar dichas recomendaciones y el organismo internacional a darle seguimiento.

Al finalizar la presentación del informe, los familiares de personas desaparecidas se manifestaron dentro del Museo Memoria y Tolerancia para exigir la localización de sus seres queridos, mientras los funcionarios abandonaron discretamente el recinto.