En México hay una realidad cuya lectura hace apenas unos meses parecía políticamente inviable: la reforma judicial requiere cambios. Se admite públicamente que el nuevo modelo presenta problemas operativos y riesgos que amenazan la credibilidad del sistema de justicia y, con ello, la confianza en la economía del país como un lugar seguro para las inversiones.

México se aproxima a la revisión del T-MEC en un contexto nacional de desaceleración económica, caída de la inversión y creciente cautela empresarial, así lo reflejan los datos oficiales. Paralelamente, la incertidumbre global representa un desafío suficiente para todas las economías; se percibe en las presiones inflacionarias por la disrupción en las cadenas de suministro que la guerra en Irán está ocasionando. Pero en el caso mexicano existe un elemento adicional: la percepción de debilitamiento institucional merma la certeza jurídica.

La más reciente Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del Banco de México mostró un dato inédito: 0% de los encuestados considera que hoy es un buen momento para invertir en el país. Al mismo tiempo, el INEGI reportó con cifras a febrero de este año una nueva caída anual de la inversión fija bruta del 3.6% y una economía prácticamente estancada durante el arranque de 2026 al registrar en el primer trimestre del año un crecimiento anual de 0.2%.

Los datos reflejan un problema estructural. Las empresas evalúan incentivos fiscales o facilidades regulatorias para iniciar operaciones; pero también necesitan valorar si un país ofrece condiciones prácticas, estabilidad en las reglas, capacidad de prever el cumplimiento de contratos y confianza en que, ante un conflicto, existirán tribunales autónomos capaces de resolver con rapidez y conforme a derecho. En otras palabras, el dinamismo económico depende en buena medida de lo que se conoce como fortaleza del Estado de derecho.

Por eso la discusión sobre la reforma judicial dejó de ser exclusivamente jurídica o política. Hoy forma parte del debate económico nacional.

La elección judicial de 2025 marcó un punto de inflexión. México se convirtió en el único país del mundo que somete a voto popular la totalidad de los integrantes de su Poder Judicial. El argumento original consistía en democratizar la justicia, combatir privilegios y acercar los tribunales a la ciudadanía. Sin embargo, conforme ha avanzado la implementación del nuevo modelo, comenzaron a aparecer problemas que es necesario corregir.

El informe “Elecciones Judiciales 2025: Balance Crítico”, coordinado por la Fundación Konrad Adenauer México junto con organizaciones como México Evalúa, Juicio Justo, Laboratorio Electoral y universidades nacionales e internacionales, ofrece uno de los diagnósticos más completos hasta ahora. El documento identifica vacíos normativos, improvisación institucional, debilidad en los mecanismos de evaluación de candidatos, complejidad excesiva de las boletas y riesgos de captura política del sistema judicial.

Los hallazgos más delicados se relacionan con el uso de mecanismos para orientar el voto que incidieron en los resultados electorales y que, según el informe, afectaron principios básicos de equidad y neutralidad. Los especialistas documentaron, en este sentido, intervención de actores públicos, problemas en la cadena de custodia de paquetes electorales y un diseño electoral que dificultó el voto informado.

Pero el problema central no radica solamente en las irregularidades observadas durante la elección, más bien, tiene que ver con la independencia judicial. Por ello, el informe advierte que la lógica electoral que subyace al modelo de elección popular de jueces es proclive a alterar intrínsecamente la naturaleza de la función jurisdiccional. En palabras más sencillas, un juez no actúa bajo criterios de popularidad, su responsabilidad consiste precisamente en aplicar la ley incluso, cuando las decisiones resulten impopulares para mayorías políticas o sociales.

Por otro lado, la discusión entre especialistas tampoco implica idealizar el modelo previo. El propio documento recuerda que antes de la reforma existían problemas serios de nepotismo, redes de patronazgo y opacidad dentro del Poder Judicial. El sistema necesitaba cambios. Pero una parte creciente de la discusión pública sostiene que la solución no puede debilitar los contrapesos institucionales ni sustituir criterios técnicos por dinámicas electorales.

Lo nuevo y relevante es que estas preocupaciones ya forman parte de las conversaciones en el grupo mayoritario de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, donde legisladores del partido oficial presentaron una iniciativa para modificar diversos artículos de la reforma judicial. Entre las propuestas destacan: aplazar la siguiente elección judicial al 2028; separar las elecciones judiciales de las elecciones políticas; establecer exámenes de conocimientos para aspirantes; endurecer requisitos de experiencia; crear mecanismos técnicos de evaluación y reducir la politización de los procesos bajo el argumento de que las reformas de gran calado no nacen perfectas y que la experiencia obliga a introducir ajustes.

En este contexto, el gobierno ha intentado impulsar una agenda de simplificación administrativa y aceleración de inversiones. Los avances anunciados el lunes 4 de mayo, en el marco del Plan México, buscan reducir tiempos regulatorios y facilitar trámites para proyectos productivos. La estrategia tiene lógica económica. Pero sus efectos pueden resultar limitados si persiste incertidumbre sobre la capacidad del sistema judicial para actuar con autonomía y criterios técnicos.

El reto más grande que enfrenta el Gobierno federal consiste en atraer nuevas inversiones y conservar las existentes. Empresas nacionales y extranjeras toman decisiones de largo plazo. Necesitan prever cómo resolverán conflictos contractuales, litigios regulatorios o controversias administrativas dentro de diez o quince años. Esa confianza se construye con instituciones sólidas.

En este punto, el papel de las organizaciones civiles y de la academia ha resultado especialmente relevante, pues han colocado evidencia técnica en medio de una discusión altamente polarizada con el fin de que la justicia quede atrapada en dinámicas partidistas.

El informe coordinado por la Fundación Konrad Adenauer también aporta una advertencia importante: las reformas profundas requieren procesos de diseño, implementación y evaluación rigurosos. La velocidad con la que avanzó la reforma judicial abrió espacios para la improvisación, la discrecionalidad y nuevos conflictos operativos que hoy resultan evidentes. El desafío ahora consiste en corregir para avanzar en la certidumbre, cuestión que requiere precisión quirúrgica para evitar que una reforma a la reforma resulte contraproducente.

Existen precedentes internacionales que muestran que la fortaleza judicial puede convertirse en una ventaja económica. Estonia, tras la caída de la Unión Soviética, heredó un sistema judicial subordinado al poder político y sin independencia real. A partir de los años noventa impulsó una reconstrucción institucional basada en carrera judicial, profesionalización de jueces, autonomía constitucional y reglas claras para el funcionamiento de los tribunales. El proceso no estuvo exento de tensiones, pero permitió consolidar un entorno de mayor confianza para inversionistas y facilitó la integración del país a la economía europea. La experiencia de Estonia mostró que las reformas judiciales más exitosas no son aquellas que subordinan a los jueces al clima político, sino las que fortalecen su independencia y capacidad técnica.

La historia económica ofrece buenos ejemplos. Los países que logran atraer inversión sostenida no necesariamente son aquellos con menos regulación o con menores costos laborales. Son los que consiguen construir confianza. Y la confianza depende de reglas claras, tribunales creíbles y mecanismos eficaces para limitar arbitrariedades.

La discusión de esta reforma representa una señal positiva en medio de un entorno de creciente incertidumbre institucional. Reconocer la necesidad de corregir el modelo de elección judicial implica aceptar que algunas de las reformas impulsadas el sexenio pasado terminaron erosionando la confianza de inversionistas, empresas y ciudadanos. Sin embargo, el reto no se limita a ajustar parcialmente el diseño actual. México necesitará construir una propuesta mucho más profunda y técnicamente sólida que, con precisión quirúrgica, permita corregir disposiciones que han debilitado la certeza jurídica, los contrapesos institucionales y la confianza en el Estado de derecho. Porque recuperar credibilidad no dependerá únicamente de modificar normas, sino de demostrar que el país todavía tiene capacidad para rectificar decisiones que hoy generan preocupación económica e institucional.

La certeza jurídica es hoy uno de los activos económicos más relevantes en un entorno global cada vez más competitivo e incierto, insistir en su debilitamiento tendría consecuencias difíciles de revertir para nuestro país.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.