En México, la censura ya no se explica sólo con balas. Sigue habiéndolas, como muestra que siete periodistas fueron asesinados en 2025, pero el nuevo informe regional de Artículo 19 advierte algo más inquietante: la violencia contra la prensa no ha desaparecido, se ha sofisticado y diversificado. Hoy opera en varias capas simultáneas que, combinadas, vuelven cada vez más difícil ejercer el periodismo en México, más allá de los diferentes mecanismos de protección y la fiscalía especializada.

En total, la organización documentó 451 agresiones contra la prensa en 2025, prácticamente el mismo nivel que el año anterior. No hay una mejora real. Lo que hay, plantea el informe, es una transformación de la violencia contra la prensa.

La forma más visible de censura sigue siendo la más extrema. En 2025, Artículo 19 documentó siete asesinatos de periodistas en posible relación con su labor, además de una desaparición y al menos ocho tentativas de homicidio. Desde el año 2000, la cifra asciende a 176 periodistas asesinados. Se trata de crímenes que funcionan como mensajes colectivos que buscan inhibir, disciplinar y marcar los límites de lo que se puede publicar y lo que no, potenciando la impunidad. 

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Las investigaciones suelen ser deficientes, no consideran la labor periodística como línea principal y, en muchos casos, derivan en procesos de revictimización. Incluso la Fiscalía especializada ha atraído apenas un número marginal de casos y en algunos ha descartado el vínculo con la labor informativa. El mensaje que se instala es claro: matar a un periodista es fácil y barato, y muy raramente se castiga.

“Venimos arrastrando desde hace más de 20 años un nivel de violencia física, particularmente letal, muy alto, que sigue colocando a México como uno de los países sin una guerra declarada más letales para la prensa”, advierte Leopoldo Maldonado en entrevista con Animal Político.

“Pero a eso hay que sumar que, en los últimos años, han proliferado toda una serie de estrategias para amedrentar a periodistas desde el discurso público, desde las campañas de desprestigio y el linchamiento digital. Y eso también genera un efecto inhibitorio grave”.

A la violencia letal se suma otra forma extrema de silenciamiento: la desaparición. En 2025 se documentó la desaparición de un periodista, pero el fenómeno es persistente: desde 2000, al menos 32 periodistas siguen desaparecidos. Se trata de un crimen continuado, que prolonga el miedo en el gremio y la incertidumbre en las familias.

Sin embargo, la censura en México ya no depende principalmente de la violencia física. El informe identifica como principal forma de agresión el llamado “ambiente hostil”, que concentra el 44% de los casos documentados. Esta categoría engloba discursos de estigmatización, amenazas, campañas de desprestigio y ataques en línea que, sin necesidad de recurrir a la violencia directa, generan un entorno de intimidación constante.

“Se ha incrementado muchísimo y tiene que ver con una narrativa que se impuso desde el gobierno de López Obrador, donde se colocó a la prensa como enemiga”, explica Maldonado. “Si bien la presidenta Sheinbaum ha reducido significativamente las menciones estigmatizantes, muchos otros actores políticos ya asumieron esa estrategia para desacreditar al mensajero y evitar discutir el mensaje”.

Ese ambiente no sólo afecta a quienes son atacados directamente. “No solamente se inhiben las víctimas directas, sino también todo el entorno periodístico y las comunidades que reciben el mensaje de que ciertos temas no se pueden tocar”, agrega el director de Artículo 19.

A esto se suma el abuso del poder público, que representa otro 33% de las agresiones. Aquí la censura adopta formas institucionales: acoso judicial, uso arbitrario de leyes, procedimientos administrativos y presiones desde autoridades. El dato más revelador es quién agrede: en más del 50% de los casos documentados, el Estado mexicano es el principal responsable.

“De un año a otro, el acoso judicial creció 7%. En 2025 se inició un nuevo proceso legal contra periodistas o medios prácticamente cada semana”, subraya Maldonado.

La mayoría de estas agresiones proviene de autoridades estatales y municipales, lo que muestra que el problema está extendido en todo el aparato público. Es decir, es una práctica sistemática.

Además, la violencia no se distribuye de manera homogénea en el territorio. Ciudad de México, Puebla y Veracruz concentran el mayor número de casos documentados, principalmente por ambiente hostil y abuso del poder. En contraste, entidades con alta presencia del crimen organizado, como Sinaloa, reportan menos casos, lo que el propio informe sugiere interpretar con cautela: puede tratarse de autocensura o de subregistro. 

“Con la nueva metodología, al traducir las cifras vemos que prácticamente no hay cambios. Hay apenas una reducción mínima. El primer año del gobierno de Sheinbaum está prácticamente igual a como cerró el gobierno de López Obrador”, resume Maldonado durante la entrevista. 

Por otra parte, el informe señala que México atraviesa una reconfiguración del sistema de transparencia que ha debilitado el derecho de acceso a la información. La desaparición del órgano autónomo encargado de garantizar este derecho, el INAI, y el traslado de sus funciones al Poder Ejecutivo modificaron de manera sustancial el equilibrio institucional: el garante dejó de ser independiente.

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Este cambio se traduce en efectos concretos. Se ha documentado un aumento en las respuestas de “incompetencia” por parte de autoridades, la entrega de información desactualizada y la pérdida de trazabilidad documental en plataformas públicas. Es decir, no sólo se limita el acceso a la información: también se dificulta verificarla, seguirla y utilizarla para rendición de cuentas.

De hecho, uno de los datos más contundentes del informe es el comportamiento de los mecanismos de impugnación. En los primeros meses del nuevo sistema, cerca del 99.6% de los recursos de revisión fueron desechados, en su mayoría por supuestos incumplimientos técnicos. En la práctica, esto significa que cuestionar la negativa de información se vuelve una tarea casi imposible.

“El sistema de transparencia, con todas sus limitaciones, era medianamente funcional. Ahora se ha fragmentado: cada poder se revisa a sí mismo. Son juez y parte”, advierte Maldonado.

El derecho a saber se desplaza entonces hacia el juicio de amparo, un proceso más complejo, costoso y prolongado. Esto introduce una barrera adicional: sólo quienes tienen recursos legales y económicos pueden insistir. El acceso a la información se vuelve, así, un derecho desigual.

A este escenario de opacidad se suma la expansión de la vigilancia estatal. El informe advierte que México avanza hacia la normalización de la vigilancia digital mediante reformas legales que amplían las facultades del Estado para acceder a datos personales e interconectar bases de datos sin controles judiciales estrictos.

“Todo esto —la opacidad, la vigilancia, la falta de controles— genera un efecto inhibitorio. Todo se va conjugando para empujar a la autocensura”, señala Maldonado.

El uso de herramientas de espionaje como Pegasus, documentado en sexenios anteriores, muestra que la vigilancia no es una hipótesis, sino una práctica existente. La diferencia ahora es que comienza a encontrar sustento normativo. Lo que antes operaba en la opacidad, hoy tiende a institucionalizarse.

Leídas en conjunto, estas tres capas —violencia directa, presión estructural y control institucional— configuran un mismo sistema en el que violencia no desaparece, pero se vuelve sólo una parte de un engranaje más amplio que incluye discursos, leyes, instituciones y tecnología.

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El resultado es un ecosistema en el que la censura depende de la combinación de varios factores: intimidar, desgastar, limitar el acceso a la información y ampliar la capacidad de vigilancia.

Por eso, la conclusión del informe no es que la violencia haya disminuido, sino que ha cambiado de forma. Hoy, en México, silenciar a la prensa ya no requiere únicamente disparar. Basta con cerrar el acceso a la información, vigilar, presionar y dejar que el riesgo haga el resto.

El informe será presentado en el marco de un encuentro regional organizado por Artículo 19 los días 6 y 7 de mayo, en conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Durante dos jornadas abiertas al público en el Centro Cultural de España, en el centro histórico de la capital,, la organización reunirá a periodistas, organizaciones y especialistas de México y Centroamérica en seis paneles para discutir temas como vigilancia digital, linchamientos en línea, periodismo comunitario y alianzas informativas en un contexto de creciente erosión democrática en la región.