Al menos 31 ataques guerrilleros se registraron el fin de semana en plena campaña para las presidenciales de Colombia, incluida una bomba que dejó decenas de muertos en una carretera, el peor atentado contra civiles en las últimas tres décadas.

La embestida es atribuida por el gobierno a una facción disidente de las FARC comandada por alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia, que se negó a firmar el histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy se financia principalmente con el tráfico de cocaína.

"Por favor, no más muerte, no más violencias", dijo a la AFP Joao Valencia, de 42 años y familiar de una de las víctimas, en medio de cientos de manifestantes vestidos de blanco en Cajibío, cerca de donde explotó la bomba.

El balance de asesinados por el ataque del sábado en el departamento del Cauca pasó de 20 a 21, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a Caracol Radio el lunes. Otras 56 personas resultaron heridas.

Periodistas de la AFP vieron el sábado cuerpos desmembrados y una decena de vehículos destrozados junto a un gigantesco cráter en medio de la vía, en escenas que recuerdan a la peor época del conflicto armado de más de seis décadas en el país.

El gobierno atribuye los ataques a una represalia de los rebeldes por la presión militar que siguió a las fallidas negociaciones de paz entre el presidente izquierdista Gustavo Petro y Mordisco.

"El terrorismo cuando se emplea de esa manera (...) es porque la presión es tan fuerte (...) que la única opción es atacar a los más indefensos", aseguró Sánchez a Blu Radio.

Según expertos consultados por la AFP, el del sábado es el atentado con mayor número de víctimas civiles desde el ataque en 2003 contra el club social El Nogal de Bogotá, que dejó 36 fallecidos y fue perpetrado por la hoy extinta guerrilla de las FARC.

- "Zozobra y desestabilización" -

Desde el viernes se registran 31 acciones guerrilleras en tres departamentos del suroeste del país, dijo a la AFP una portavoz de las Fuerzas Militares.

La arremetida continuó este lunes. En Jamundí, departamento de Valle del Cauca, militares hallaron incinerado un camión cargado con pollos, constató un reportero de la AFP. Durante la madrugada, en una zona cocalera del Cauca, una camioneta cargada con explosivos estalló sin dejar víctimas, según medios locales.

El Cauca, con una extensa superficie de narcocultivos, es uno de los departamentos más azotados por la ofensiva guerrillera previa a las elecciones generales del 31 de mayo.

Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, los ataques son parte de una estrategia de "zozobra y desestabilización" que busca mantener el "control sobre población civil" en la región.

Las filas de Mordisco buscan "negociar la finalización de esa zozobra" con autoridades locales "a cambio de reducir acciones" de la fuerza pública, dijo a la AFP la investigadora.

Petro tildó a los rebeldes de "terroristas" y ordenó a la fuerza pública redoblar su persecución.

Tras su llegada al poder en 2022, el primer izquierdista en llegar al poder en Colombia intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, que se han fortalecido en los últimos años.

La expansión de los grupos armados "se le salió de las manos al gobierno" y el pie de fuerza de los grupos armados ilegales se duplicó en diez años hasta llegar a 27.000 combatientes, señaló el investigador de la Fundación Ideas para la Paz Gerson Arias.

Los candidatos presidenciales condenaron la violencia.

El heredero de Petro y primero en las encuestas, Iván Cepeda, advirtió sobre el impacto electoral en una región donde la izquierda tiene "un amplio respaldo": "Surge una inquietud legítima sobre si (...) estos hechos buscan generar un clima de miedo que favorezca intereses de sectores de extrema derecha".

Para los dos candidatos que lo secundan en los sondeos, la responsabilidad es del oficialismo.

"Estos no son actos aislados, son parte de un plan de desestabilización del desgobierno", dijo el abogado derechista Abelardo de la Espriella.

De su lado, la senadora Paloma Valencia, candidata por el partido del expresidente derechista Álvaro Uribe (2002-2010), responsabilizó al gobierno por haber "permitido que la violencia crezca".

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