Una ola de ataques sacudió el suroeste de Colombia este fin de semana.

El más grave ocurrió en la tarde del sábado en el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, donde al menos 20 personas murieron.

El viernes un carro bomba había estallado en una base militar en Cali, la tercera ciudad más grande del país, mientras que el Ejército informó de al menos 26 ataques en en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca en los últimos dos días.

En total, casi 50 personas resultaron heridas, incluidos cinco menores de edad.

Autoridades del país, como el presidente Gustavo Petro, calificaron los hechos de terroristas.

El mandatario colombiano responsabilizó a disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de los hechos, que ocurren a poco más de un mes de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

El golpe más letal ocurrió en una zona llamada El Túnel, ​en un sector que conecta las ciudades de Cali y Popayán, capitales de los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, respectivamente.

La hora exacta del ataque difiere en distintos reportes de prensa locales; entre las 12.30 y 13.30 del sábado.

En la Vía Panamericana, la principal carretera del suroccidente de Colombia que también conecta a casi la totalidad del continente, la detonación de un cilindro con artefactos explosivos destruyó un autobús, otros automóviles y volcó a varios vehículos.

La explosión fue tan fuerte que un cráter enorme se abrió en la autopista.

Un sobreviviente relató al medio colombiano El Tiempo que, mientras se trasladaba para recoger unos tanques para recolectar café, sintió cómo su auto se elevó por la autopista a consecuencia de la explosión.

"La camioneta salió volando. Yo caí golpeado contra la parte de arriba de la cabina. Pensé que era el final. Le pedí a Dios otra oportunidad", afirmó el agricultor Mario Guerrero.

En imágenes compartidas en redes sociales se podía ver a varios cadáveres cubiertos por sábanas, mientras equipos de rescate llegaban al lugar para socorrer a los heridos.

Entre las víctimas mortales se cuentan varios habitantes de zonas rurales que se desplazaban por la carretera. Se trataría de 15 mujeres y 5 hombres.

Algunos de ellos, de acuerdo a El Tiempo, vivían en la vereda La Palma, una localidad de no más de 500 personas en el corregimiento La Pedregosa.

De acuerdo a la propia comunidad, varias de las personas fallecidas formaban parte de esfuerzos de paz impulsados en la zona.

"Hoy lamentamos la pérdida de 11 compañeros y compañeras que fueron fundamentales para sembrar reconciliación, diálogo y vida digna en este territorio", dijeron en un comunicado.

Una de las víctimas mortales era conductor de uno de los vehículos siniestrados. Se trataba de José Ciro Puliche, de 61 años.

De acuerdo al mismo medio, en el listado también están Daniela Valencia Holguín, quien tenía 26 años y vivía en La Palma, al igual que la agricultora Teodomira Salazar Navia, de 78 años.

Los medios locales también destacan que entre los fallecidos está la dirigenta social Patricia Mosquera, integrante del consejo comunitario de El Puro y funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC).

"Lamentamos profundamente la partida de nuestra compañera Patricia Mosquera, de la Dirección Territorial Patía, quien perdió la vida en medio de los recientes atentados en el Cauca. Siempre se distinguió como una excelente compañera y amiga, comprometida con la defensa del ambiente y su conservación, dejando una huella imborrable en la Corporación Autónoma Regional del Cauca y en todos quienes tuvimos el privilegio de conocerla y trabajar a su lado", declararon desde la CRC.

Mosquera habría estado en la vía Panamericana con sus primas Nereida y Nidia, quienes también fallecieron en la explosión. De acuerdo a medios locales, las tres mujeres habían asistido horas antes al sepelio de un familiar en el municipio de Palmira, en el Valle del Cauca, e iban a bordo de un bus.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, describió a las víctimas como "gente pobre, gente humilde; campesinos, indígenas, comerciantes, transportadores…".

La autoridad declaró tres días de duelo por la tragedia.

Iván Jacob Idrobo Arrendondo, alias Marlon, ha sido apuntado por las autoridades como el responsable del ataque más letal.

El presidente Petro incluso anunció que aumentó hasta 5.000 millones de pesos colombianos (alrededor de US$ 1,4 millones) la recompensa por información que permita dar con su paradero.

Alias Marlon se desempeña como jefe de una estructura militar Jaime Martínez, desplegada en la zona suroeste de Colombia.

Dicha organización es señalada como parte del Estado Mayor Central, una disidencia de las FARC que opera bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván "Mordisco", otro de los hombres más buscados del país.

Estos grupos, estando en desacuerdo con la firma de los acuerdos de paz con el gobierno en 2016, se negaron a deponer las armas y se mantienen activos.

Además de las disputas territoriales y los enfrentamientos con las fuerzas armadas y policiales, son señalados por sus vínculos con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado.

"Esta es una muestra cobarde de debilidad de una estructura criminal cuyo cabecilla principal es un peligroso delincuente", dijo el sábado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

"Es un alienado mental el que hace eso, alias Marlon, las estructuras de las disidencias de Iván Mordisco. Esos son los enemigos del pueblo", afirmó por su parte el gobernador Gúzman.

El suroeste de Colombia es uno de los puntos más calientes del conflicto armado.

En el Cauca, por ejemplo, la violencia se intensificó en 2025 con hostigamientos, emboscadas, explosiones y combates, según la Fundación Pares.

La violencia clásica se mezcla con "el uso de drones cargados con explosivos, carros bomba, motobombas, volquetas acondicionadas como lanzadoras y la instalación de cilindros en zonas urbanas y rurales", dice el análisis de Pares.

Esta zona es una de las más militarizadas del país, donde la fuerza pública combate a estructuras guerrilleras como las disidencias de Mordisco.

Pares apunta que la expansión de ataques de estos grupos contra infraestructura civil y el incremento de explosiones en zonas pobladas han ampliado el impacto humanitario y económico, "profundizando la percepción de inseguridad en la población civil".

Los episodios de este fin de semana, a poco más de un mes de elecciones, son vistos por analistas como Laura Bonilla, subdirectora de Pares, como un "claro interés" de grupos como el EMC de crear caos y desestabilizar al país.

El mandato de Petro termina en agosto de este año y la campaña presidencial está en su recta final. La seguridad es uno de los temas que marca la contienda.

En la primera vuelta del 31 de mayo competirán Iván Cepeda, candidato petrista del partido Pacto Histórico, el derechista Abelardo de la Espriella, y Paloma Valencia, del partido conservador Centro Democrático (CD) del expresidente Álvaro Uribe.

Cepeda, quien se sitúa como favorito según las encuestas, ha destacado por participar en varias mesas de negociación con grupos armados.

De la Espriella y Valencia prometen un enfoque más duro contra la inseguridad.

Petro presentó el ataque del fin de semana en Cauca como una operación de las disidencias de la guerrilla para propiciar un cambio de signo hacia la derecha en las elecciones.

Los acusó de "terroristas, fascistas y narcotraficantes" y afirmó que desean "que la extrema derecha y el fascismo gobiernen a Colombia porque saben que con ellos hacen sus negocios de cocaína y oro ilícito".

En una línea similar se expresó Cepeda: "Resulta profundamente preocupante que estas acciones terroristas se presenten en regiones del sur del país donde existe un amplio respaldo ciudadano a nuestro proyecto político".

"Surge una inquietud legítima sobre si, además de causar daño y zozobra en la población, estos hechos buscan generar un clima de miedo que favorezca intereses de sectores de extrema derecha empeñados en desestabilizar el país y entorpecer el desarrollo democrático del proceso electoral", agregó.

Los candidatos de la derecha apuntaron al gobierno de Petro y su plan de "paz total", que contempló negociaciones con diversas facciones armadas sin que consiguiesen los resultados esperados.

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