El sistema internacional de derechos humanos se encuentra en un “punto de ruptura”. El informe anual de Amnistía Internacional (AI) revela que en 2025 los crímenes de derecho internacional se cometieron con una impunidad casi total en 144 países.

Con un aumento del uso de IA para la represión y la parálisis de los organismos de justicia, el documento presenta una radiografía estadística de un mundo que ignora sistemáticamente las salvaguardas establecidas tras la Segunda Guerra Mundial.

En el texto, que será presentado este martes por la organización, se destaca que “líderes políticos como Trump, Putin y Netanyahu, entre otros muchos, desplegaron una ofensiva de conquista para lograr el dominio económico y político mediante la destrucción, la represión y la violencia a escala masiva“, y lamenta que “así es como se recordará 2025: por sus depredadores y matones”.

Entre los crímenes de derecho internacional documentados por AI se encuentra el genocidio de Israel contra la población palestina, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Rusia en Ucrania, así como aquellos que ocurren en Myanmar, Sudán y otras zonas en conflicto. Además, se documentaron prácticas autoritarias que se intensificaron en países como Afganistán, China, Egipto, Estados Unidos, India, Irán, Kenia, Reino Unido y Venezuela.

En este contexto, Amnistía Internacional alerta que mujeres, niñas y personas LGBTI sufrieron distintos tipos de violencia y discriminación, a lo que se sumó la injusticia económica y climática, que ha llevado a que en países de todos los niveles de ingresos se acelere la inseguridad alimentaria, el desplazamiento forzado y la destrucción de viviendas y medios de vida.

Acerca de la región de las Américas, el informe expone que los gobiernos intensificaron los esfuerzos por sofocar la disidencia, con represión y criminalización de la protesta, así como agresiones contra periodistas y censura contra la prensa. En cuanto a la defensa de derechos humanos, menciona que viven hostigamientos, ataques y que las organizaciones de sociedad civil enfrentan obstáculos para su funcionamiento, incluidos controles arbitrarios para su financiación.

El texto también refiere que en los casos de violencia de género, incluidos el feminicidio y la violencia sexual prevaleció la impunidad; que el acceso al aborto se vio obstaculizado en la legislación y la práctica. Sobre los pueblos indígenas, las personas LGBTI, personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, apunta que se vieron expuestas a “niveles alarmantes de violencia y discriminación“.

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De las desapariciones forzadas, Amnistía Internacional registró que continúan siendo un problema regional con casos que permanecen impunes, en algunos países vinculadas a la represión del disenso, mientras que en otros son resultado de la implementación de políticas de seguridad.

Sobre este punto, el texto destaca el caso de México, que ante la crisis de personas desaparecidas se activó por primera vez el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, con el fin de analizar si estos delitos se practican de forma sistemática o generalizada. Asimismo, expone que en México existe una preocupante regresión en los mecanismos de rendición de cuentas, con la desaparición del INAI y la incertidumbre judicial ante las primeras elecciones del Poder Judicial.

Para la organización, lo ocurrido en 2025 es muestra de que “no estamos en un periodo difícil más. Estamos en el momento preciso en que todo lo construido en los últimos 80 años corre el riesgo de desmoronarse“.

Por ello, con la frase “hemos resistido, debemos resistir y resistiremos“, en el prefacio escrito por la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, la asociación lanza un llamado a “centrarse en lo que debe ser defendido con carácter prioritario y a toda costa, en beneficio no solo de nuestros derechos humanos, sino también de los de las generaciones venideras”.