La era del fracking en México parece inevitable, si bien el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirma que antes de tomar una decisión se realizará un análisis que determine la viabilidad del proyecto, pareciera que la actual administración está decidida a no escuchar a los especialistas.

El miércoles 15 de abril, el gobierno de México presentó al grupo de alto nivel integrado por universidades públicas e institutos de investigación para evaluar la viabilidad del gas no convencional en México, entre los que se incluirá criterios científicos, ambientales y consultas con comunidades.

Durante la conferencia de prensa mañanera, la presidente Claudia Sheinbaum explicó que el análisis del fracking —técnica que históricamente ha sido cuestionada por sus impactos ambientales— no partirá de una decisión política unilateral, sino de un diagnóstico técnico elaborado por especialistas. “La decisión la vamos a tomar en términos del conocimiento científico”, afirmó.

La titular del Ejecutivo federal enfatizó que, en caso de que el análisis determine viabilidad en alguna región, el siguiente paso será la consulta con las comunidades involucradas.

“No vamos a hacer nada contra la población”, aseguró, al recordar experiencias pasadas donde proyectos energéticos generaron conflictos sociales por falta de participación.

La mandataria insistió en que el proceso buscará evitar prácticas que calificó como “energías limpias con negocios sucios”, en referencia a proyectos mal implementados.

Por ello recordamos las reacciones de algunas organizaciones ambientalistas, así como la opinión de especialistas en la materia:

El mismo 15 de abril, campesinos del este de México afirmaron que han visto morir sus naranjos y limoneros a causa del "fracking" para extraer gas natural que realiza Petróleos Mexicanos (Pemex).

En este tenor, la ONG Alianza Mexicana contra el Fracking recordó que hasta 2019, México había incursionado tímidamente en la exploración con fractura hidráulica en una treintena de pozos no convencionales, pero contaba con otros 8,500 pozos convencionales también explotados con este método.

De igual manera, sostuvo que la misma Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ha señalado los riesgos sociales, ecológicos, políticos y sobre las economías locales de Aceite Terciario del Golfo (ATG), al tratarse de un proyecto que requiere la perforación y fracturación intensiva de pozos cercanos entre sí, que podrían llegar a sumar 15,000 pozos.

A su vez, integrantes de organizaciones campesinas y colectivos ambientalistas de comunidades indígenas de la Huasteca potosina protestaron el miércoles a las afueras de la Cámara de Diputados, en rechazó al planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum de promover el “fracking sustentable”.

Las y los indígenas pertenecientes a las etnias Tének y Náhuatl, provenientes de la huasteca potosina, advirtieron que el llamado “fracking sustentable” generará una grave contaminación de su aguas y ecosistemas

Por ello, anunciaron la recopilación de más de 125 firmas de 80 comunidades que fueron entregadas a la Mesa Directiva de San Lázaro para prohibir el fracking en la Constitución, pues insistieron que la fractura hidráulica afectaría a más de 700,000 habitantes de 300 comunidades de la región.