El 26 de abril entrarán en vigor las reformas a la Constitución aprobadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador que, entre otras medidas, incluyen la posibilidad de sentenciar a prisión perpetua a menores a partir de los 12 años, según la más reciente publicación en el Diario Oficial.

Los diputados establecieron que la cadena perpetua sería aplicada a las personas que sean condenadas por delitos como homicidio, feminicidio y violación.

Las reformas a la Constitución llevaron a los diputados a reformar otras leyes como los códigos penal y procesal penal, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y la Ley Penal Juvenil.

Las modificaciones también incluyeron la Ley Orgánica Judicial, pues convierten juzgados de menores en tribunales de lo criminal, que tendrán la responsabilidad de estudiar los casos en los que aplique la cadena perpetua.

Las reformas también contemplan la creación de un mecanismo de revisión para los casos en los que se aplique la cadena perpetua.

El Comité de los Derechos del Niño y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia han expresado su “profunda preocupación” ante la aprobación de estas reformas. Para estos organismos, los adolescentes en conflicto con la ley deben recibir un trato que “priorice su rehabilitación y reintegración” y que la prisión sea el “último recurso y durante el menor tiempo posible”, señalaron en un comunicado a fines de marzo.

Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a las autoridades de El Salvador a “revisar con prontitud” los cambios a la Constitución que calificaron de “preocupantes” porque contradicen las normas internacionales.

El Gobierno de El Salvador no ha reaccionado a estos llamados y tampoco ha respondido una solicitud de comentarios de CNN. En el pasado, ha criticado a los organismos internacionales por considerar que “defienden los derechos de los delincuentes y no de las personas honradas”.

El Salvador se encuentra bajo un declarado estado de emergencia desde 2022. Esto implica la suspensión de derechos constitucionales y ha permitido encarcelamientos masivos que son cuestionados por organismos internacionales. Son más de 90.000 personas las que han sido detenidas en los últimos años, aunque Bukele asegura que alrededor de un 10% ha sido liberada.

En paralelo a los cuestionamientos por presuntas violaciones de los derechos humanos y detenciones arbitrarias, que el Gobierno de Bukele niega, El Salvador ha reducido drásticamente las tasas de homicidio, tras años de olas de violencia a manos de las pandillas.

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