El candidato ultraconservador a la Presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, ha ofrecido una recompensa económica a funcionarios electorales que aporten pruebas de un supuesto fraude en las elecciones generales celebradas esta semana, en medio de la tensión por el ajustado recuento de votos.

Aliaga ha prometido "20.000 soles (unos 5.000 euros) de recompensa" a quienes le entreguen evidencias que respalden sus denuncias, realizadas hasta ahora sin pruebas. El exalcalde de Lima también ha pedido a los trabajadores de los organismos electorales que le hagan llegar esa información de forma anónima, asegurando que garantizará su "confidencialidad absoluta".

Las declaraciones se producen después de que el candidato denunciara irregularidades en el proceso electoral y exigiera medidas como la detención de responsables de la organización de los comicios y la suspensión de la proclamación de resultados.

Aliaga lanzó estas acusaciones tras quedar en desventaja en el escrutinio frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez, en una carrera marcada por la incertidumbre sobre quién pasará a la segunda vuelta.

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Las elecciones presidenciales peruanas, celebradas el 12 de abril, han estado marcadas por problemas logísticos, como retrasos en la apertura de colegios electorales, lo que obligó a extender la votación en algunas zonas hasta el día siguiente.

El recuento apunta a una segunda vuelta prevista para el 7 de junio, ya que ningún candidato se acerca al 50% necesario para ganar en primera ronda.

Aliaga y otros candidatos han denunciado un supuesto "fraude", aunque sin aportar evidencias. Observadores internacionales, incluida la misión de la Unión Europea, han descartado indicios de irregularidades sistemáticas en el proceso.

"No hemos encontrado elementos objetivos para decir que la narrativa de fraude pueda tener elementos concretos para ser llevados a estas alturas", dijo la jefa de la misión, la eurodiputada italiana Annalisa Corrado, en una rueda de prensa durante la presentación de la Declaración Preliminar. No obstante, señaló que hubo "problemas graves, como el hecho de que 13 centros electorales no hayan podido abrir", lo cual provocó retrasos y protestas.

El documento destaca que estas elecciones generales fueron las más complejas en la historia reciente de Perú, "al llevarse a cabo como un marco jurídico reformado que planteó numerosos desafíos tanto para los votantes como para la Administración electoral".

No obstante, instituciones como la Fiscalía peruana y la Defensoría del Pueblo han señalado que, pese a los problemas logísticos, la votación se desarrolló de forma general ordenada y transparente.

El país afronta estas elecciones en un contexto de fuerte fragmentación política y desconfianza ciudadana, con más de 30 candidatos y una alta volatilidad electoral.

En la última década, Perú ha atravesado una sucesión de crisis políticas que han derivado en la destitución o renuncia de varios presidentes, enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso y episodios de disolución parlamentaria. Desde 2016, el país ha tenido seis jefes de Estado.