Redacción América, 15 abr (EFE).- Latinoamérica presenta un panorama fragmentado frente a la eutanasia ya que, a pesar de que Uruguay la legalizó, Colombia la despenalizó desde 1997 y Cuba reconoce el derecho a una "muerte digna" aunque sin aplicación efectiva, la mayoría de países de la región la prohíben o mantienen discusiones aún incipientes sobre su regulación.

Uruguay se convirtió en 2025 en el primer país en autorizar la eutanasia mediante la Ley de Muerte Digna, cuya reglamentación se firmó este miércoles, lo que permite a pacientes en fase terminal solicitar el procedimiento bajo condiciones específicas.

En Colombia, la eutanasia fue despenalizada en 1997 por la Corte Constitucional mediante una sentencia que reconoció el derecho a morir dignamente.

Sin embargo, su regulación no avanzó sino hasta 2015, cuando se establecieron protocolos y se realizó el primer procedimiento legal en el país y en la región.

En 2021, el alto tribunal amplió ese derecho al eliminar el requisito de enfermedad terminal y permitirlo también para menores de edad en determinadas condiciones.

En Ecuador, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en 2023 y ordenó su regulación, lo que permitió que una paciente accediera formalmente al procedimiento.

Igualmente en Perú, aunque la eutanasia sigue prohibida en términos generales, una sentencia judicial de 2021 ordenó despenalizarla para el caso específico de la psicóloga Ana Estrada, cuyo derecho fue ratificado por la Corte Suprema en 2022 y que falleció en 2024.

Cuba, por su parte, aprobó en 2023 una ley que reconoce el derecho a decisiones sobre el final de la vida, pero aún carece de regulación secundaria, por lo que no se aplica en la práctica.

Países donde está en discusión

En Chile la eutanasia es ilegal y se castiga como homicidio o auxilio al suicidio, aunque la ley de derechos de los pacientes permite rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida.

Desde 2018 se tramita un proyecto para legalizar la muerte asistida en adultos con enfermedades graves o terminales, aprobado en 2021 por la Cámara de Diputados, pero estancado en el Senado.

El Gobierno del progresista Gabriel Boric (2022-2026) intentó reactivar su discusión sin éxito, y con la llegada del actual presidente, el ultraderechsita José Antonio Kast, el impulso político a la iniciativa es incierto.

En México la eutanasia y el suicidio asistido están prohibidos y se consideran "homicidio por piedad", pero el país cuenta con leyes de voluntad anticipada en 20 de sus 32 regiones, que permiten rechazar tratamientos médicos en situaciones críticas (eutanasia pasiva).

En la última década se han presentado al menos seis iniciativas para legalizar la muerte asistida —incluida la propuesta ciudadana 'Ley Trasciende'— sin éxito hasta ahora, aunque con un respaldo social mayoritario.

En Brasil la eutanasia es ilegal y puede ser castigada con hasta 20 años de cárcel, mientras que el suicidio asistido se penaliza con penas de entre 2 y 6 años en casos de enfermedad terminal.

En el gigante suramericano existen proyectos para despenalizar esta práctica, pero permanecen paralizados en el Congreso.

Del mismo modo, en Argentina la eutanasia no está permitida, pero desde 2012 rige la ley de muerte digna, que autoriza a pacientes con enfermedades irreversibles o terminales a rechazar tratamientos que prolonguen la vida.

Asimismo, en Costa Rica la eutanasia no es legal, pero existe un proyecto de ley sobre muerte digna presentado en marzo que busca permitir a pacientes terminales decidir sobre el final de su vida bajo criterios médicos y éticos, aunque permanece en una fase incipiente y sin avances visibles.

Países que la prohíben tajantemente

En El Salvador está tipificada como "homicidio piadoso" en el Código Penal y no existen iniciativas para su despenalización. En Honduras tampoco está permitida y la legislación establece sanciones penales.

También, en Guatemala la eutanasia está prohibida y castigada como auxilio al suicidio, sin iniciativas vigentes ya que un intento legislativo previo no prosperó.

En Nicaragua no está legalizada ni se debate, en un marco constitucional que protege la vida.

En República Dominicana la Constitución protege la vida desde la concepción hasta la muerte, lo que excluye cualquier posibilidad legal de eutanasia.

Mientras tanto, en Bolivia el Código Penal sanciona el "homicidio piadoso" con penas de uno a tres años de prisión y no hay proyectos en curso.

Finalmente, en Panamá la eutanasia y el suicidio asistido están prohibidos y se consideran jurídicamente una forma de homicidio, aunque la ley permite la llamada ortotanasia, que es el rechazo de tratamientos desproporcionados en fase terminal, sin admitir la eutanasia activa.

(c) Agencia EFE