La dupla presidencial de Sergio Fajardo y Edna Bonilla está promoviendo la defensa de la Constitución de 1991 a través de un comité promotor que busca recoger firmas para un eventual referendo que le pregunte a los colombianos si está de acuerdo o no con la Constituyente que impulsa el Gobierno. El candidato Iván Cepeda no se desmarca del todo de esa idea.

EL COLOMBIANO habló con Bonilla para conocer los detalles de la propuesta.

“La Constitución de 1991 es el acuerdo más grande que ha hecho Colombia consigo misma y hoy está en riesgo. Proponer una asamblea constituyente en este momento no es reformar a Colombia, sino fracturarla.

Una constituyente convocada desde el poder, en un contexto de alta polarización, sin consensos y sin mayorías, no produce una nueva carta de derechos.

Por eso, lo que hicimos fue inscribir un comité promotor en defensa de la Constitución. Lo hicimos la semana pasada y ya estamos a la espera del trámite. Lo que proponemos es que la Constitución de 1991 no sea sometida a asambleas constituyentes hasta el 6 de agosto de 2034”.

“Es una sola pregunta la que le hacemos a Colombia: ¿quiere proteger su Constitución? Le pedimos a la ciudadanía que firme para decidir si la Constitución de 1991 se toca o no.

No es una medida permanente, es por ocho años. Un tiempo suficiente para que ningún gobierno, sea del color que sea, pueda reemplazarla mediante una asamblea hecha a su medida. No es contra nadie, es a favor de todos.

Ya empezamos. La semana pasada radicamos los documentos en la Registraduría. El comité está conformado y el proceso en marcha. Esperamos que, al finalizar esta semana, la Registraduría nos entregue los formularios para iniciar la recolección de firmas.

Tenemos seis meses. Necesitamos más de dos millones de colombianos firmando para proteger la Constitución.

Con las firmas y su validación, el Congreso deberá pronunciarse; antes de la votación, la Corte Constitucional revisará el proceso, y finalmente el país votará. Para que el referendo sea aprobado, se requiere la participación de más de 10 millones de colombianos y que la mayoría vote por el “sí””.

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“La Constitución de 1991 es fruto del consenso. Recordemos que incluso la copresidencia de la Asamblea Constituyente estuvo integrada por representantes del Partido Liberal, del Partido Conservador y de la Alianza Democrática M-19.

Esa Constitución debe mantenerse porque, en la coyuntura actual, es el marco que obliga a que los conflictos entre el Gobierno, el Congreso y la Corte Constitucional se tramiten con reglas claras, con controles, con deliberación, y no mediante la concentración del poder.

Su valor no está en que haya cumplido plenamente todas sus promesas, sino en que sigue siendo el mejor arreglo disponible para reformar el país sin desmontar los contrapesos que protegen la democracia.

Esto no quiere decir que el país no necesite reformas. Sí las necesita, pero pueden hacerse dentro del marco de la Constitución.

No queremos una Constitución que limite los derechos de las y los ciudadanos, ni una que habilite, por ejemplo, la reelección, o que debilite el sistema de pesos y contrapesos.

Lo que proponemos es tramitar los cambios y las diferencias dentro de esa Constitución, y no someternos a un escenario incierto como el de una Asamblea Nacional Constituyente”.

Voy a mencionar cuatro riesgos.

El primero es que sería una Asamblea Constituyente sin consenso: convocada por decreto presidencial, sin respaldo legislativo y en un contexto de polarización. Tiene una altísima probabilidad de ser capturada por quien la convoca. Por eso decimos: cuidado con una constituyente sin consensos.

El segundo riesgo es el aislamiento internacional. Hay propuestas, como las del candidato Abelardo de la Espriella, de salir de la Organización de Naciones Unidas y desconocer tratados de derechos humanos. Eso no solo es inconstitucional, sino un retroceso de décadas en la inserción de Colombia en el sistema internacional.

El tercer riesgo, el que más me preocupa, es un retroceso en derechos conquistados. La Constitución de 1991 reconoció derechos que costaron décadas de lucha: la igualdad de la mujer, la diversidad familiar, la protección de minorías étnicas, la libertad religiosa, entre otros. Una constituyente en medio de la polarización implica renegociar esos derechos, y nadie garantiza que se conserven.

Y el cuarto riesgo es la inseguridad jurídica y la posibilidad de un colapso económico. Cada vez que se habla de reemplazar la Constitución, los mercados reaccionan, la inversión se frena y el empleo se contrae.

La invitación al candidato Iván Cepeda es clara: si no está de acuerdo con la constituyente, que la retire. Es evidente que representa la continuidad de este Gobierno. Por eso insistimos en este llamado a defender la Constitución de 1991.

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“Creo que el presidente ha convertido el ejercicio de gobierno en el de un candidato presidencial, y no en el de un jefe de Estado.

Nosotros le pedimos que actúe como presidente y que tome decisiones en favor de los colombianos. Esta narrativa de “no pude hacer la reforma a la salud porque no me dejaron” o “no pude tramitar la reforma a la justicia” se cae cuando se revisa que hubo un Congreso dispuesto a debatir. Pero cuando no se gana, se opta por ir en contra de las instituciones.

El caso más dramático, que además nos impulsó a actuar, fue lo ocurrido con el Banco de la República hace menos de dos semanas. Hubo una discusión técnica, el Gobierno perdió y un ministro de Hacienda se levantó de la mesa.

Eso es nocivo para el país. Luego dijo que no volvería a sentarse con la Junta del Banco de la República, incumpliendo sus deberes de coordinación entre la política monetaria, fiscal y macroeconómica.

Eso es lo que estamos señalando: no puede haber una narrativa permanente en contra del Congreso o una estrategia orientada únicamente a hacer campaña presidencial.

Las reformas sí se pueden hacer dentro del marco de la Constitución, siempre que haya un Gobierno serio, responsable y respetuoso del arbitrio ciudadano”.