El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, reveló que el 99,8% de las mesas electorales lograron instalarse el día 12 de abril de 2026, pero 211 no pudieron abrir, por lo que 63.300 electores se quedaron sin posibilidad de votar debido al retraso en la llegada del material electoral.

Se denunció que el contratista "no cumplió con lo previsto y acordado" para la entrega del material electoral, por lo que las autoridades retrasaron inicialmente el cierre de la votación en una hora. Posteriormente, se decidió ampliar la votación en los centros afectados hasta el lunes 13 de abril, desde las 6 a.m. hasta las 2 p.m. Esta decisión de dar continuidad a las elecciones no se había adoptado con anterioridad en Perú, por lo que este procedimiento novedoso podría dar pie a impugnaciones electorales.

El exalcalde de Lima y candidato presidencial Rafael López Aliaga dio un primer paso en esta dirección al presentar una denuncia penal contra el titular de la ONPE, solicitando su detención inmediata y acusándolo de omisión de funciones y permanente estado de flagrancia, ya que los 13 centros de votación afectados en Lima eran aquellos donde se concentraban buena parte de sus seguidores.

La prevención de conflictos electorales, acompañada de un sistema de alertas en los procesos electorales, es uno de los grandes temas en Perú, donde los enfrentamientos y los ataques a la institucionalidad han puesto en riesgo la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral y democrático.

Según un estudio del PNUD y la Unión Europea, el 80% de los incidentes y eventos ocurren el día de la jornada electoral y entre el 10 y el 20% en el período poselectoral, es decir, en la etapa de procesamiento de la votación. Casos como la ocupación de locales de votación y el bloqueo de calles de acceso, así como las manifestaciones contra los funcionarios electorales, deben controlarse para garantizar la autonomía de las autoridades electorales, como la ONPE.

Sin embargo, en Perú se ha producido una judicialización excesiva en materia electoral, lo que complica el desarrollo de las diversas elecciones convocadas, ya que se emiten mandatos judiciales que pretenden detener el curso de los comicios en marcha. No debe sorprender la actitud del candidato López Aliaga, quien denunció al jefe de la ONPE y pidió su captura por los problemas y demoras en la votación.

Así, es previsible que este proceso electoral se vea afectado por la judicialización, una práctica política muy habitual en el Perú. Uno de los efectos deseados es la eliminación legal y política del rival al no poder derrotarlo en las urnas, y la persecución legal-penal siempre tiene un origen político, más allá de si el perseguido tiene o no verdadera responsabilidad penal. Por lo tanto, es esencial fortalecer las capacidades y coordinar a los diferentes actores del proceso electoral para prevenir o, en su caso, corregir los sucesos durante el ejercicio de votación y la posterior etapa de procesamiento de los votos.

Los casos registrados hasta la fecha en relación con las elecciones del 12 de abril son emblemáticos para la situación en Perú: deficiencias en el padrón electoral, presencia de pintadas y carteles de propaganda electoral de organizaciones políticas en o cerca de los locales de votación, dudas sobre la neutralidad e imparcialidad de los coordinadores electorales, situaciones de violencia en algunos municipios, quema de actas y material electoral por parte de los vecinos, así como retirada ilegal de fiscalizadores de las aulas de votación, indicándoles que no podían permanecer en ellas durante el escrutinio. Todos estos incidentes, junto con la ampliación de la votación, podrían dar lugar a que la resolución final del proceso electoral fuera trasladada a las autoridades judiciales.

No cabe duda de que esta situación puede generar un sesgo en el resultado de la encuesta a pie de urna a favor de los candidatos que no eran los favoritos en Lima, debido al número de electores que no llegaron a votar en la capital. Si bien ya quedó claro que la ventaja de Keiko Fujimori es suficiente para llegar a la segunda vuelta del día 7 de junio, hasta la fecha hay muchas dudas sobre el segundo candidato, debido a la lentitud con la que avanza el recuento de votos y su registro por parte de la ONPE.

Como es costumbre en Perú, los resultados de Lima se contabilizan con mayor celeridad, mientras que los de las zonas más alejadas tardan más en ser registrados. Esto podría implicar que el candidato Roberto Sánchez, quien ha asumido la herencia política del expresidente Pedro Castillo, podría verse favorecido con el paso del tiempo frente a los demás candidatos con base en la capital.

Quien salga elegido presidente de Perú tendrá que enfrentarse a un alto nivel de fragmentación parlamentaria, ahora además en un sistema bicameral. Esta situación, que ha dado lugar a la inestabilidad en el ejercicio presidencial de ocho presidentes en diez años, puede continuar y provocar una crisis de gobernabilidad permanente en el país.

De las elecciones prolongadas podría resultar una crisis ampliada, ya que los actores políticos se muestran incapaces de cambiar de rumbo en sus lógicas cortoplacistas, marcadas por el transfuguismo político y el interés de derribar al gobernante de turno cuando sienten afectados sus intereses inmediatos. Las acusaciones mutuas de corrupción entre personalidades políticas, así como entre las instancias políticas, judiciales y electorales, siguen minando la confianza de la población en la política y pueden contribuir a aumentar el desafecto hacia la política y las instituciones en una situación nacional marcada por unos niveles preocupantes de violencia y criminalidad.

(dzc)