El pasado jueves 9 de abril, más de 2.000 manifestantes se congregaron en distintos puntos de Caracas con la intención de marchar hacia el Palacio de Miraflores para reclamar al Ejecutivo Nacional salarios dignos para los trabajadores venezolanos. La movilización en la capital se produjo en simultáneo con al menos 29 protestas en 14 estados del país, según reportó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

El día anterior, en un intento de restarle fuerza a la convocatoria de los trabajadores, la presidenta interina Delcy Rodríguez apareció en horas de la noche en cadena nacional. El mensaje, anunciado durante el día y amplificado por voceros oficiales y medios estatales como "urgente” e "importante”, buscó concentrar la atención de los venezolanos. Sin embargo, las expectativas no fueron satisfechas: la alocución se limitó a anunciar un "aumento responsable" con vigencia a partir del 1° de mayo, reiterar que el ingreso mínimo integral rondaba los 190 dólares y convocar al rechazo de las sanciones internacionales.

Lejos de desactivar el malestar social, el pronunciamiento del Ejecutivo —sin cifras exactas y montos concretos— fue recibido por los gremios como insuficiente y como una maniobra para desmovilizar la protesta. En consecuencia, el efecto fue el contrario al buscado: terminó reforzando la movilización del día siguiente, al percibir los trabajadores que el interinato no estaba dispuesto a atender de forma concreta sus demandas salariales.

Frente a la determinación de los trabajadores de marchar a Miraflores, Rodríguez ordenó a los cuerpos policiales reprimir las manifestaciones e impedir su avance hacia el palacio presidencial, lo que dejó múltiples personas heridas y detenidas. Organizaciones de derechos humanos confirmaron la detención arbitraria de al menos cuatro jóvenes, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció agresiones físicas, uso de agentes químicos y destrucción de equipos de trabajo contra una decena de periodistas que se encontraban cubriendo la protesta.

Ante la violenta respuesta del Ejecutivo, los gremios advirtieron que la protesta no se detendría y que, por el contrario, se intensificaría hasta "conquistar todos los derechos” y obtener respuestas concretas a sus demandas salariales. En ese contexto, convocaron una nueva jornada de protesta para el próximo jueves 16 de abril, con el propósito de llevar sus reclamos salariales y denuncias de represión ante la embajada de los Estados Unidos en Caracas, bajo cuya tutela se encuentra actualmente el régimen interino.

En Venezuela, el salario debe cumplir con el "principio de suficiencia", consagrado en el artículo 91 de la Constitución, según el cual la remuneración debe garantizar al trabajador y a su familia una vida digna y la cobertura de sus necesidades básicas, no solo materiales, sino también sociales e intelectuales. Además, el salario no se limita al ingreso mensual: a partir de él se calcula y se construye buena parte de la protección económica asociada al empleo, como prestaciones sociales, vacaciones remuneradas y utilidades, derechos concebidos para garantizar la estabilidad frente a la cesantía, el goce efectivo del descanso y la participación del trabajador en los frutos de la empresa.

En la práctica, a partir de 2022, este entramado de protección laboral dejó de funcionar en Venezuela. Ese año el Ejecutivo Nacional congeló el salario mínimo y sustituyó los ajustes de la remuneración por bonos no salariales como mecanismo para compensar el impacto de la inflación.

Esta medida fue concebida por el régimen de Nicolás Maduro como una salida política para disminuir la presión social, al incrementar de forma puntual ―siempre insuficiente― el ingreso que el trabajador percibía mensualmente, pero sin aumentar los derechos asociados al salario base, tal como lo establece la ley.

Desde entonces, esta política salarial ha ido erosionando progresivamente la protección económica del trabajador en el largo plazo. Tras cuatro años de aplicación reiterada, las prestaciones sociales y el patrimonio previsional de los trabajadores —calculados sobre la base de un salario congelado— han perdido casi todo su valor real.

En términos concretos, desde el 15 de marzo de 2022, el salario mínimo legal se mantiene en 130 bolívares, lo que equivale a 0,27 dólares estadounidenses a la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Al mismo tiempo, el Ejecutivo Nacional desplazó la política de aumento de la remuneración hacia el llamado "Ingreso Mínimo Integral Indexado" (IMII), que para abril de este año asciende a 190 dólares mensuales para los trabajadores activos de la administración pública y está compuesto mayoritariamente por bonos no salariales: 40 dólares por concepto de Cestaticket y 150 dólares correspondientes al Bono de Guerra Económica.

En medio de una inflación anualizada que alcanzó 617,94 por ciento en febrero de este año, los 190 dólares del IMII apenas cubren el 29,4 por ciento de la canasta alimentaria familiar, que en febrero alcanzó los 645,67 dólares según el CENDA-FVM.

Por otra parte, en la administración pública, el congelamiento del salario base y la introducción de bonos no salariales prácticamente iguales para todos los trabajadores ha dado lugar al fenómeno del "aplanamiento" de los ingresos. Esto significa que, en la práctica, independientemente del cargo, la antigüedad, la preparación o el nivel de responsabilidad, la remuneración de los funcionarios públicos terminó nivelándose hacia abajo, en torno a un umbral mínimo de supervivencia.

La situación es aún más grave para los jubilados de la administración pública y los pensionados del Seguro Social. Los primeros, que suman alrededor de 5,5 millones de beneficiarios, reciben actualmente un ingreso cercano a 60 dólares. Mientras que los segundos —que según estimaciones no oficiales se ubican entre 700.000 y 1,2 millones de personas— perciben un monto aproximado de 131,86 dólares. Estos ingresos representan escasamente un 9 por ciento y un 20 por ciento, respectivamente, de la canasta alimentaria familiar.

En el sector privado la situación mejora ligeramente. Este sector emplea a unos 2,2 millones de personas y ofrece condiciones más competitivas para atraer y retener talento. De acuerdo con la más reciente encuesta de Nayma Consultores (abril 2026), la mediana de los ingresos de un obrero se ubica en 180 dólares al mes, mientras que la de los profesionales administrativos registra 490 dólares.

Aunque el sector privado también recurre a bonos como complemento, la mayor parte de la remuneración mantiene carácter salarial, entre el 44 y el 61 por ciento del ingreso total. Aun así, los salarios siguen siendo insuficientes frente al costo de la vida: la mediana del ingreso de un obrero cubre apenas 28 por ciento de la canasta alimentaria familiar, mientras que la de un profesional administrativo alcanza al 76 por ciento, sin lograr cubrirla en su totalidad.

Ante esta profunda distorsión del sistema salarial, los más recientes comunicados de gremios y sindicatos coinciden en al menos cuatro exigencias centrales: un aumento del salario base —y no únicamente de los bonos—; la salarialización o incorporación de estos bonos a la base salarial; la revisión periódica del salario para evitar su depreciación; y la apertura de un diálogo real que garantice la negociación colectiva, en vez de anuncios unilaterales del Ejecutivo.

En este contexto, el margen de maniobra de Delcy Rodríguez se estrecha entre las justas y urgentes demandas sociales y las severas limitaciones fiscales de un país cuyo sistema productivo ha sido devastado durante casi dos décadas.

Aunque los ingresos públicos, tras imponerse el tutelaje de Washington, han mostrado una leve recuperación, se estima que el presupuesto nacional no cuenta hoy con la capacidad suficiente para sostener aumentos que igualen el salario mínimo al costo de la canasta alimentaria familiar. En una similar situación se encuentra el sector privado, que sigue siendo frágil y, enfrentado a márgenes operativos muy reducidos, terminaría trasladando incrementos salariales significativos a los precios o al empleo.

Aunado a ello, dado que la legislación venezolana establece un régimen de retroactividad de las prestaciones sociales, la salarización de los bonos —con el desfase acumulado de cuatro años— tendría un impacto financiero de enorme magnitud tanto para el sector público como para el privado. El problema es complejo y su solución exige, como han señalado especialistas laborales como Yair de Freitas, consensos amplios que hagan posibles reformas profundas del sistema productivo del país.

Sin embargo, la experiencia venezolana demuestra que los consensos duraderos en materia laboral solo han sido posibles cuando ha existido un gobierno con suficiente legitimidad y confianza para sentar a los gremios empresariales y a los legítimos representantes de los trabajadores, y arbitrar entre ellos acuerdos estables, como el alcanzado en 1997 bajo la presidencia de Rafael Caldera, luego imprudentemente desmantelado por Hugo Chávez en 2012.

Hoy, sin un punto de equilibrio institucional, con una presidenta interina cuya legitimidad está ampliamente cuestionada, que además es corresponsable de la debacle salarial que sufren los trabajadores y que no goza de la confianza de los sectores laborales, resulta difícil de imaginar que las tensiones salariales puedan canalizarse de manera constructiva y se alcancen los consensos necesarios para emprender transformaciones profundas en el sistema laboral y productivo del país.

(dz)