La presidenta Claudia Sheinbaum señaló al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU de buscar llevar al Consejo General el tema de desapariciones “en contra del gobierno de México”.

“Si lo único que concluye el reporte fuera: ‘¿Cómo apoyamos?’ Bienvenido, adelante, aun cuando no estemos de acuerdo en algunos temas. No, el documento tiene otra orientación, de llevar al Consejo de Naciones Unidas este tema en contra del gobierno de México. Entonces eso ya es otra cosa, cuando el gobierno de México, si algo ha estado haciendo, pues es atender este tema”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La jefa del Ejecutivo insistió en que el documento del comité tiene “otra orientación, que es criticar al gobierno de México” y aseguró que este “tiene muchas debilidades” en su estructura.

“En particular, este comité de expertos, que no es precisamente una de las organizaciones de Naciones Unidas, emite un documento que, cuando uno lo lee, es evidente que tiene otra orientación, que es criticar al gobierno de México, esencialmente, y llevar una posición a la Asamblea General de Naciones Unidas que nosotros consideramos que, dado que estamos atendiendo el tema, pues no tiene cabida”, declaró.

Sheinbaum Pardo reconoció que existen desapariciones en México; sin embargo, indicó que no está de acuerdo con que se le considere un crimen de lesa humanidad, pues no se perpetra desde el Estado.

“No entendemos por qué esta extrapolación, por qué la extrapolación de crimen de lesa humanidad, cuando el gobierno está actuando. Si no estuviéramos actuando, estuviéramos cruzados de brazos, no nos importaría, no reconoceríamos que hubiera una situación como esta, no hubiéramos hecho leyes que modifiquen, fortalecido atendiendo a las familias. Si no hubiéramos hecho nada, bueno. Pero ¿por qué no hay un reconocimiento de este comité de expertos de lo que ha venido haciendo el gobierno de México?”, defendió.

Finalmente, la mandataria indicó que seguirá trabajando con el alto comisionado de las Naciones Unidas, con quien lleva “una excelente relación”. Agregó que la Secretaría de Gobernación incluso incorporó al organismo en sus reuniones con colectivos y organizaciones de búsqueda.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta descalificó el informe del comité al considerar que presentaba un análisis impreciso, basado en datos limitados y con una metodología que extrapola resultados sin reflejar la situación actual del país.

Además, la mandataria cuestionó el carácter del comité al señalar que “no es un comité de Naciones Unidas, es un comité de expertos que está vinculado con Naciones Unidas”, con lo que puso en duda el peso institucional del informe.

Ante esto, Juan Pablo Albán, miembro y presidente del CED afirmó que sí forma parte de la ONU, que su análisis no se limita a un periodo cerrado y pidió respeto a los órganos de supervisión de derechos humanos y sus integrantes.

Como parte de esas aclaraciones, Albán compartió que el texto en el que se sostiene la determinación en torno a la desaparición forzada como una práctica sistemática en nuestro país, se debe a que hasta el 28 de febrero de 2026 registró un total de 819 peticiones de acción urgente relacionadas con desapariciones ocurridas en México, lo que representa alrededor del 36.5% del total de casos registrados ante la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.

En este punto, el organismo indica que en algunas de las acciones urgentes se presentan alegatos de involucramiento directo de servidores públicos, mientras que en otras la información sobre las circunstancias de la desaparición y los posibles perpetradores es escasa, pero “contiene alegaciones contundentes de vínculos entre las autoridades locales y los grupos delictivos presuntamente involucrados”.

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En diversos puntos, el documento del CED da cuenta de ese análisis evolutivo, que en las observaciones de 2015 notó un contexto de desapariciones generalizadas, muchas que podían calificarse como desapariciones forzadas; en 2018 lamentó que se mantuviera esa situación en gran parte del territorio mexicano, entre impunidad y revictimización, y advirtió que la Ley General no había tenido un efecto suficiente. Hasta hoy se adeudan el reglamento de esa ley y avances tangibles en el Banco Nacional de Datos Forenses, por ejemplo.