Desde los inicios de su Gobierno, Javier Milei presume de su cercanía a su par estadounidense, Donald Trump. Este vínculo lo acompañó en las elecciones de medio término de 2025. Ahora, el presidente de Argentina se jacta de haber conseguido, presumiblemente por esta relación, otra victoria: el reciente fallo en la justicia estadounidense por la expropiación de la petrolera de propiedad mayoritariamente estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012. Pero la explicación de esta decisión judicial no es tan lineal como quisiera Milei.

La semana pasada, YPF volvió a ocupar un lugar en la agenda pública tras el fallo judicial de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos que revocó la condena por la que Argentina debía pagar US$ 16.100 millones, más intereses.

Aunque Milei celebró la sentencia, la calificó de histórica y la presentó como el resultado de una estrategia jurídica, política y diplomática sostenida durante meses, dos interrogantes centrales persisten: cuánto influyó la buena relación entre las administraciones de Milei y de Trump y qué consecuencias podría tener este fallo sobre el clima de inversiones y la credibilidad del país a futuro en el resto del mundo.

“Este juicio nace por una promesa incumplida”, afirma Sebastián Maril, especialista en deuda soberana y provincial. Hace más de una década, en abril de 2015, Argentina fue demandada por el fondo Burford Capital, que patrocina a los demandantes Petersen y Eton Park en la justicia estadounidense, por la supuesta violación del artículo 7 del estatuto de YPF.

“Cuando se expropió YPF, la parte que no iba a ser expropiada debía recibir una compensación económica. ¿Cómo se compensaba? Lanzando una oferta pública de adquisición por las acciones no expropiadas. Argentina no lo hizo. En su lugar, escribió la ley que autorizaba expropiar YPF”, explica Maril.

En septiembre de 2023, bajo la administración del entonces presidente Alberto Fernández, la justicia estadounidense falló a favor de Burford Capital a través de la decisión de la jueza Loretta Preska, que determinó que Argentina debía pagar más de US$ 16.100 millones por incumplir el contrato de YPF. Esa condena fue la que se revocó el 27 de marzo pasado, luego de que el Gobierno argentino, bajo gestión de Milei, apelara.

El Gobierno de Milei ya ha contado antes con la administración de Trump para ayudarlos a salir airosos de situaciones complejas. Tal fue el caso de las elecciones legislativas de medio término celebradas en 2024. Allí, La Libertad Avanza, el partido oficialista, obtuvo una impensada victoria en casi todas las provincias argentinas, incluida la determinante Buenos Aires.

Previo a estos comicios, la administración Milei apeló a sus reservas de dólares para sostener el peso, la moneda argentina. Este panorama se volvió peligroso. Allí apareció Trump y su secretario del Tesoro, Scott Bessent. Primero, con el anuncio de un swap de US$ 20.000 millones, que apenas sirvió para detener la devaluación del peso o bajar el riesgo país. Luego, el Tesoro estadounidense directamente comenzó a comprar pesos para sostener su valor.

El propio Trump marcó el terreno con una frase sin doble interpretación. “Si (Milei) pierde las elecciones, no vamos a ser generosos con Argentina”, dijo. Si bien la victoria del oficialismo no puede atribuirse completamente al apoyo de la administración de Trump, sí es cierto que influyó en buena parte en el gran temor de los argentinos: una inflación descontrolada.

Tras el triunfo del partido de Milei, Trump se adjudicó el crédito: “Estaba perdiendo, lo respaldé y ganó de una manera aplastante”, aseguró en una entrevista con Politico.

Ahora, el caso YPF volvió a poner el vínculo Trump-Milei en escena. El mismo día en que se conoció el fallo, el presidente Milei se dirigió al país en cadena nacional y aseguró: “Este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia jurídica, política y diplomática del equipo de Gobierno, se logró torcer el destino a nuestro favor”.

El equipo que intervino en el caso estuvo integrado por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, a quien el propio Milei calificó como el “cerebro” de la estrategia, junto al procurador del Tesoro y subprocuradores, el embajador en EE.UU. Alec Oxenford, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía Luis Caputo.

La propia Ibarzábal Murphy fue la encargada de sugerir que la relación personal entre Milei y Trump puede haber sido crítica en el resultado favorable: en medios locales sostuvo que, aunque es difícil medirlo, ese vínculo tuvo una relevancia “fundamental y rotunda en el éxito del caso”.

Desde la Procuración del Tesoro, en tanto, reconocen que el respaldo de Estados Unidos fue “contundente”, aunque aclaran que no tuvo carácter vinculante. En esa línea, subrayan que la decisión de la Corte de Apelaciones respondió a un análisis integral e independiente de la justicia estadounidense, contemplando los argumentos de Argentina, dos amicus curiae presentados y toda la evidencia probatoria de ambos lados.

En este contexto, Maril pone el foco en la falta de evidencia pública sobre eventuales influencias políticas y aclara: “Estados Unidos nunca presentó un apoyo, un amicus curiae, a favor de Argentina —ni en contra— en el caso primario de YPF, aunque sí lo hizo en causas paralelas. Si la política influyó en este expediente central, no lo sé, pero no hay indicios que lo demuestren, al menos públicamente”.

Al mismo tiempo, advierte que cualquier señal de injerencia política por parte de la Casa Blanca sobre los jueces estadounidenses constituiría un hecho de extrema gravedad institucional.

La decisión de la Corte de Apelaciones le otorgó a Argentina un alivio inmediato: por ahora, evitó el pago de una cifra millonaria por la expropiación de YPF. Pero el fallo también abrió un debate sobre la reputación del país en los mercados internacionales.

Aunque el resultado fue favorable desde lo económico, los jueces dejaron en claro que hubo un incumplimiento deliberado de compromisos asumidos, un detalle que podría pesar en futuras inversiones en el país.

Para Maril, las dudas sobre la credibilidad a largo plazo podrían ser incluso más dañinas que el desembolso que se evitó. “Los jueces mismos dicen que Argentina, intencional y maliciosamente, incumplió una promesa; por eso, para mí, la reputación salió dañada”, concluye.

A pesar de los festejos del Gobierno por este fallo, la historia del juicio por la expropiación de YPF podría no terminar aquí. “Es poco probable, pero el fallo se puede revertir”, sostiene Maril. Desde la Procuración del Tesoro son cautos y, aunque reconocen que existen otras instancias como, por ejemplo, llevar el caso a la Corte Suprema, prefieren no especular sobre los siguientes pasos de la parte demandante.

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