La inteligencia artificial ya dejó de ser un asunto exclusivo de las empresas tecnológicas. Mientras el Congreso aún discute un proyecto de ley para regularla en Colombia, la Asamblea de Antioquia comenzará el estudio de una iniciativa que busca convertir al departamento en el primero del país en establecer lineamientos para su uso dentro de la administración pública.
Se trata del Proyecto de Ordenanza 23 de 2026, radicado el pasado 23 de junio por el diputado Jorge Correa, quien asegura quela propuesta nació tras ocho meses de trabajo con más de un centenar de expertos, académicos y funcionarios públicos.
”La inteligencia artificial es una herramienta muy importante, pero ya empezó a plantear dilemas éticos y morales.No se trata de prohibirla, sino de aprender a usarla de manera responsable”, explicó el diputado a EL COLOMBIANO.
Correa sostiene que varios hechos recientes evidencian que el país aún no está preparado para enfrentar los retos que plantea esta tecnología.
Entre ellos menciona casos como el de aspirantes a especializaciones médicas en la Universidad de Antioquia que habrían utilizado herramientas de inteligencia artificial para hacer trampa en sus respuestas en los exámenes de admisión, así como decisiones recientes de altas cortes sobre el uso de estas plataformas en procesos judiciales, como el caso de un abogado que citó sentencias inexistentes creadas por ChatGPT. En su momento el Consejo de Estado trató el caso y dio varias recomendaciones sobre su uso.
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“Su utilización sólo resulta admisible bajo una premisa esencial: administrar justicia es una función indelegable y toda decisión judicial debe emanar, siempre, del discernimiento autónomo, razonado y responsable de quien ejerce jurisdicción. La inteligencia artificial no decide, no valora pruebas, no interpreta el derecho con autoridad judicial ni responde por las consecuencias de una providencia; esa responsabilidad recae exclusivamente en el juez”, señaló.
El corporado Correa también citó el debate internacional alrededor de ChatGPT, que incluso llevó a Italia a suspender temporalmente la plataforma en 2023 por preocupaciones relacionadas con la protección de datos personales, antes de autorizar nuevamente su funcionamiento tras ajustes exigidos por las autoridades.
Para Correa, otro hecho que evidencia la relevancia del tema es que el papa León XIV dedicó su primera encíclica al impacto de la inteligencia artificial sobre la dignidad humana, el trabajo y la ética.
La iniciativa no busca prohibir el uso de la inteligencia artificial sino “orientar, promover y armonizar” su uso, tal como se lee en el proyecto de ordenanza. Su propósito es establecer una hoja de ruta para que la Gobernación de Antioquia y sus entidades descentralizadas la implementen bajo criterios de transparencia, responsabilidad y protección de los derechos de los ciudadanos.
Algunas de las restricciones que proponen que guíen el uso de la inteligencia artificial en la gestión pública van desde su empleo para la vigilancia masiva indiscriminada para perfilar y perseguir individuos, hasta la toma de decisiones automatizadas que afecten los derechos de las personas.
El proyecto crea un marco orientador que define qué debe entenderse por inteligencia artificial, algoritmos y sistemas automatizados, además de clasificar los riesgos que pueden representar estas tecnologías.
Entre las categorías propuestas aparecen riesgos críticos, altos, moderados y bajos, con el objetivo de orientar las decisiones sobre cuándo y cómo deberían utilizarse estas herramientas. Por ejemplo,el proyecto dice que el uso de la inteligencia artificial en sistemas de salud pública que involucren información personal sensible tiene un alto riesgo.
”La ordenanza no reglamenta la inteligencia artificial como tal. Lo que hace es orientar a la administración para que construya una política pública responsable”, explicó Correa.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un entorno controlado de experimentación e innovación. La idea es que la Gobernación pueda probar nuevas herramientas de inteligencia artificial antes de implementarlas de forma masiva en sus procesos administrativos.
Según el diputado, esto permitiría evaluar los beneficios, identificar riesgos y corregir eventuales problemas antes de adoptar tecnologías que puedan afectar decisiones públicas.
Además, la iniciativa plantea estrategias específicas para incorporar inteligencia artificial en sectores como salud, educación y desarrollo económico.
En educación, por ejemplo, propone fortalecer la formación sobre esta tecnología y sus implicaciones éticas. En salud busca mejorar procesos dentro de la red pública, mientras que en desarrollo económico pretende impulsar emprendimientos relacionados con inteligencia artificial.
Uno de los argumentos que sustentan la propuesta es que Colombia todavía no cuenta con una ley que regule integralmente esta tecnología. Aunque existe un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) sobre inteligencia artificial y cursan varios proyectos en el Congreso, ninguno ha culminado su trámite. “Ese vacío hace necesario que los territorios comiencen a prepararse. Antioquia puede convertirse en un referente nacional”, afirmó Correa.
El proyecto está a la espera del primer debate de la Comisión Segunda de la Asamblea Departamental. El diputado Juan Felipe Vélez será el ponente encargado de estudiar la iniciativa antes de su primer debate.
De ser aprobado,Antioquia se convertiría en el primer departamento colombiano en contar con una ordenanza que establezca lineamientos específicos para el uso responsable de la inteligencia artificial en la gestión pública, en un momento en el que el país apenas empieza a construir un marco regulatorio sobre una tecnología que avanza más rápido que la legislación.
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