El plan de privatizaciones impulsado por el presidente Javier Milei avanza con nuevos movimientos en sectores clave de la economía, luego de que la Ley Bases habilitara la venta o concesión de un grupo reducido de empresas estatales.
La iniciativa original contemplaba la privatización de 41 compañías, pero la normativa sancionada en 2025 autorizó solo ocho. En ese marco, el Gobierno ya definió prioridades y comenzó a ejecutar medidas para avanzar en la desinversión del Estado.
Uno de los casos pendientes es el de Trenes Argentinos, donde aún no se inició formalmente el proceso. Sin embargo, la declaración de la emergencia ferroviaria permitió al Ejecutivo enfocarse en obras urgentes para garantizar la seguridad del servicio, al tiempo que busca reducir costos operativos y mejorar el atractivo de la empresa para potenciales inversores.
En paralelo, durante la última semana de abril se registraron avances significativos. El Ejecutivo dio pasos administrativos para avanzar en las licitaciones de Aysa y del ferrocarril Belgrano Cargas y Logística. Además, recibió tres ofertas por casi 890 millones de dólares para vender su participación en Citelec, la sociedad controlante de Transener.
Este último movimiento se perfila como el punto de partida para la privatización total de Enarsa. En ese proceso, el consorcio integrado por Edison Energía y Genneia presentó la oferta más alta, por más de 356 millones de dólares, para quedarse con el 50% de Citelec.
El plan oficial prevé dividir y vender por partes a Enarsa. De hecho, la empresa ya redujo significativamente su estructura: de unas diez unidades de negocio a fines de 2024, actualmente conserva cinco, algunas en transición. Entre los activos que aún mantiene se encuentran participaciones en centrales térmicas, proyectos eólicos en la Patagonia y operaciones vinculadas al gas natural licuado.
También se suma el proceso de concesión de represas hidroeléctricas, luego de la venta de las centrales del Comahue por unos 700 millones de dólares. Ahora, el Gobierno apunta a nuevas licitaciones en provincias como Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut.
En cuanto a Aysa, el Ejecutivo ya aprobó los contratos de concesión y transferencia de acciones. La privatización contempla el 51% de la participación estatal y una concesión por 30 años para la prestación del servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano. El proceso cuenta con el asesoramiento del Banco Mundial y la valuación del BICE, mientras que ya suenan posibles interesados del sector privado.
Otra empresa en carpeta es Intercargo, cuya venta total fue definida en marzo. Se espera la publicación de los pliegos finales, con una valuación estimada de hasta 400 millones de dólares.
Por su parte, el Belgrano Cargas avanza hacia una privatización completa bajo un esquema de "open access", que prevé licitaciones separadas para vías, material rodante y operación. El interés proviene de actores del sector agroexportador, minero y también de inversores internacionales.
Con estos movimientos, el Gobierno busca acelerar su programa de reformas estructurales, reducir la participación estatal en la economía y atraer inversiones. No obstante, el proceso genera debate sobre el impacto en los servicios públicos y el rol del Estado en áreas estratégicas, detalla el portal de Todo Noticias.
Fuente: El Liberal
