La modificación, establecida en el artículo 140 de la norma, obliga a las empresas a detallar no solo la remuneración del trabajador, sino también las contribuciones patronales que antes no se explicitaban en el documento.
Entre los nuevos ítem que deberán figurar se encuentran los aportes jubilatorios a cargo del empleador, los pagos a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y la cuota correspondiente al Fondo de Asistencia Laboral (FAL). De esta manera, la liquidación salarial deja de ser únicamente un registro de ingresos y descuentos del trabajador para transformarse en un instrumento más amplio de información sobre el vínculo laboral.
Según fuentes oficiales, el objetivo de la medida es "pedagógico y cultural", porque se busca que los trabajadores conozcan el costo total que implica su empleo para la empresa. Según fuentes sindicales, es una "propaganda empresaria" para "mostrar al trabajador como una carga, cuando en realidad es la fuerza que produce la ganancia empresarial".
Además de estos cambios, la normativa mantiene los requisitos tradicionales del recibo, como la identificación completa del empleador (razón social, domicilio y CUIT) y del trabajador (nombre, CUIL, calificación profesional y fecha de ingreso). También exige consignar la remuneración total, el importe neto en números y letras, y las deducciones correspondientes.
Sin embargo, la implementación de la reforma no está exenta de controversias. La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un reclamo de inconstitucionalidad que abarca 82 artículos de la ley, incluyendo el referido a los recibos de sueldo. Mientras la disputa judicial sigue su curso, algunas empresas ya evalúan adoptar el nuevo formato en los próximos meses.
Respuesta sindical: ¿"costo laboral" o "costo empresario"?
Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA.La inclusión del llamado "costo laboral" en los recibos generó críticas desde sectores sindicales. Una de las voces más contundentes fue la de Alejandro Crespo, dirigente del sindicato del Neumático (SUTNA), quien cuestionó el enfoque de la medida en el contexto de conflictos laborales, como los despidos masivos en la fábrica Fate.
Crespo rechazó el concepto mismo de "costo laboral" y propuso una reinterpretación: "La Argentina no sufre un costo laboral, sufre un costo capitalista", afirmó. En su planteo, el eje del problema no radica en el salario o las contribuciones, sino en la estructura de ganancias empresariales y en la distribución del ingreso.
Según el dirigente, una porción creciente de la riqueza nacional queda en manos del capital, mientras los trabajadores enfrentan una caída sostenida del poder adquisitivo y un aumento de la precarización laboral. En ese sentido, contrapuso la idea de un "costo empresario", entendido como el conjunto de prácticas —desde la especulación financiera hasta la fuga de capitales— que, a su juicio, drenan recursos de la economía.
Crespo también cuestionó los argumentos habituales del sector empresarial, que vinculan el salario con los precios finales. Sostuvo que medidas como la reducción de la jornada laboral o el aumento salarial no necesariamente generan inflación, sino que afectan la tasa de ganancia. En paralelo, denunció que las presiones por devaluaciones buscan reducir el salario real para mejorar la rentabilidad.
El dirigente enmarcó estas críticas en una visión más amplia sobre la dinámica económica: señaló que la reducción del llamado "costo laboral" en los últimos años —a través de beneficios patronales y flexibilización— no se tradujo en mayor empleo ni en crecimiento sostenido. Por el contrario, destacó la caída de la inversión, la reducción del empleo registrado y el aumento de la pobreza.
En ese contexto, planteó que la discusión de fondo no pasa por "transparentar costos laborales", sino por debatir quién organiza la producción y con qué objetivos. Desde su perspectiva, el problema central es la orientación del sistema económico hacia la maximización de ganancias, en detrimento de las condiciones de vida de los trabajadores.
La polémica, así, excede lo técnico y muestra su dimensión política e ideológica. Mientras el Gobierno promueve la medida como un avance en transparencia, sectores sindicales la interpretan como parte de una narrativa que busca responsabilizar al trabajo por los problemas económicos, dejando fuera del foco —según sostienen— el rol del capital en la crisis.
Fuente: diarionorte.com
