La decisión se formalizó tras la intervención de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), que dispuso la disolución y liquidación forzosa de la compañía mediante la Resolución 56/2026, publicada en el Boletín Oficial. El organismo actuó luego de que la empresa no presentara el plan exigido para revertir un déficit de capital mínimo superior a los $12.954 millones.
Galeno ART, que operaba desde 1996, había iniciado a fines de 2025 un proceso de liquidación que culminó con la revocación de su autorización para funcionar. Su caída ocurre en un contexto de litigiosidad récord: en 2025 se registraron más de 130.000 juicios laborales, cifra que refleja el deterioro de las condiciones de higiene y seguridad en los lugares de trabajo.
Un antecedente clave fue la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo impulsada en 2017 por el gobierno de Mauricio Macri, con respaldo empresarial y sindical. Aquella modificación estableció nuevos parámetros indemnizatorios y dispuso la creación de Cuerpos Médicos Forenses provinciales. Sin embargo, las ART sostienen que esos organismos no se implementaron plenamente y denuncian un supuesto "abuso" de peritos judiciales en la determinación de incapacidades.
Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), su presidenta Mara Bettiol afirma que el Poder Judicial no cumple con la ley vigente, que acaba de cumplir nueve años. Actualmente, las ART brindan cobertura a más de 10 millones de trabajadores en todo el país.
En este escenario, el sector observa con preocupación la anunciada contrarreforma laboral. Especialistas advierten que ciertos artículos contienen ambigüedades —por ejemplo, en materia de registración e indemnizaciones— que van a derivar en mayor litigiosidad. Las aseguradoras reclaman que cualquier reforma limite mucho más los juicios por riesgos del trabajo, y rechazaron ante el ministro Federico Sturzenegger la posibilidad de desregulación y eliminación de la obligatoriedad del sistema.
Ante ese cuadro, sectores del sindicalismo combativo plantean reemplazar el esquema actual por un seguro estatal bajo control de los trabajadores, con comisiones electas y poder de veto en materia de condiciones laborales. También proponen incorporar seguridad e higiene a las paritarias. Recuerdan que en 1975, mediante negociación colectiva y huelga general, se conquistaron cláusulas avanzadas de protección sanitaria y prevención de accidentes, luego desmanteladas desde la última dictadura y por gobiernos posteriores.
23-02-25 Fuente: diariopanorama.com
