Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que los Recursos de Origen Nacional se redujeron un 6,2% interanual en términos reales, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos cayó un 7,5%, en un contexto de inflación estimada en 2%.
La retracción estuvo vinculada principalmente a la baja en la recaudación del IVA, que disminuyó un 11,3% real, y al escaso crecimiento del impuesto a las Ganancias, que apenas avanzó un 0,7%. Como resultado, todas las jurisdicciones se vieron afectadas, aunque con distintos niveles de impacto. La Ciudad de Buenos Aires y Río Negro registraron las mayores caídas, superiores al 7%, mientras que Salta y Misiones mostraron retrocesos más moderados.
La coparticipación representa una fuente clave de financiamiento para las provincias. En promedio, estos fondos explican cerca del 50% de sus ingresos, aunque en algunos distritos alcanzan hasta el 80%. Por ese motivo, la disminución registrada en enero genera fuertes tensiones en las cuentas públicas locales y limita la capacidad de sostener políticas sociales, educativas y sanitarias.
Este deterioro financiero se produce en un momento políticamente sensible, marcado por las negociaciones del Gobierno nacional con los gobernadores para avanzar con la reforma laboral en el Congreso. Varios mandatarios expresaron su preocupación por los recortes en el impuesto a las Ganancias, que afectan directamente a la masa coparticipable, y advierten que la caída de los recursos debilita su margen de apoyo legislativo.
A la reducción de fondos automáticos se suma un fuerte ajuste en las transferencias discrecionales. En enero, la Nación envió $39.491 millones por esta vía, lo que implicó una caída real del 65,4% respecto del año anterior. Se trató del segundo peor enero desde 2005, lo que confirma la continuidad del ajuste fiscal iniciado en 2024.
La mayor parte de estos recursos se concentró en pocos destinos. El 81% fue asignado a cajas jubilatorias provinciales y el 17,7% a Aportes del Tesoro Nacional para emergencias. Programas vinculados a educación, salud y asistencia social recibieron montos mínimos. Además, solo cinco provincias concentraron casi la totalidad de los fondos, mientras que varias no recibieron transferencias.
En términos prácticos, muchas jurisdicciones debieron afrontar el inicio del año con recursos propios y sin el respaldo habitual del Tesoro. El uso limitado de los ATN, pese a contar con fondos disponibles, reforzó esta tendencia.
El panorama refleja un cambio estructural en la relación fiscal entre Nación y provincias. Con menos recursos automáticos y una asistencia discrecional cada vez más restringida, los gobiernos locales enfrentan mayores presiones presupuestarias y un escenario de ajuste que, lejos de ser transitorio, parece consolidarse en el inicio de 2026.
Fuente: diarionorte.com
