La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), anunciada el 2 de febrero de 2026, marcó un punto de inflexión en la política estadística del país. El economista, que había asumido en diciembre de 2019 durante el gobierno de Alberto Fernández y continuado en el cargo bajo la presidencia de Javier Milei, presentó su dimisión en un contexto atravesado por cambios metodológicos, tensiones internas y crecientes cuestionamientos sobre la credibilidad de los datos oficiales.
La salida de Lavagna se produjo poco después de la implementación de una nueva canasta para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, que reemplazó al relevamiento de 2004. Esta actualización buscó reflejar con mayor precisión los hábitos de consumo actuales, incorporando con mayor peso rubros como servicios, internet y telefonía móvil. Durante años, la falta de actualización había generado una subestimación del impacto inflacionario en los hogares.
Sin embargo, la aplicación del nuevo índice se demoró varios meses, lo que generó sospechas sobre una posible manipulación de los datos. Estas versiones se vieron reforzadas cuando el Banco Central reconoció en su Informe de Política Monetaria que, de haberse utilizado antes la nueva metodología, la inflación de los últimos dos años habría sido más elevada, especialmente por el mayor peso de los servicios públicos. Según el organismo monetario, la demora contribuyó a mostrar cifras más bajas en un período políticamente sensible.
Diversas fuentes señalaron que el nuevo IPC estaba técnicamente listo desde hacía tiempo, pero su implementación habría sido postergada para evitar impactos negativos en un año electoral. Esta situación afectó seriamente la imagen pública de Lavagna y debilitó su prestigio dentro del organismo, donde técnicos históricos cuestionaron su conducción.
La renuncia también se inscribe en un proceso más amplio de salidas dentro del INDEC. En 2025 habían dimitido funcionarios clave como Georgina Giglio, responsable de la medición de inflación, y Guillermo Manzano, a cargo de las estadísticas sociales. Estos movimientos se produjeron en un contexto de salarios congelados y crecientes tensiones internas.
Además de la polémica por el IPC, la gestión de Lavagna estuvo atravesada por otros episodios controvertidos, como la revisión de datos de actividad económica en 2025, acusada de maquillar una posible recesión, y cuestionamientos sobre las mediciones de pobreza, señaladas por especialistas como sobrerrepresentadas.
Tras su salida, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó a Pedro Ignacio Lines como nuevo director del INDEC. Hasta entonces número dos del organismo, Lines cuenta con una extensa trayectoria técnica y formación académica en economía y análisis de datos. Hasta el mes pasado, según consta en su cuenta de Limkedin, estaba buscando un trabajo privado.
Su designación apunta a recuperar la credibilidad institucional y garantizar mayor transparencia en la producción de estadísticas públicas.
En conjunto, la renuncia de Lavagna refleja las tensiones entre técnica, política y credibilidad que atraviesan al sistema estadístico argentino, y abre una nueva etapa marcada por el desafío de reconstruir la confianza social en los datos oficiales.
Fuente: diarionorte.com
