El entendimiento destrabó la restitución de la hacienda y encaminó el cierre de una de las causas judiciales vinculadas con el caso.
El episodio se originó a partir de una investigación por una presunta estafa en la compraventa de ganado, relacionada con el uso de cheques sin fondos. En ese marco, la Justicia ordenó el allanamiento del establecimiento y el secuestro de más de 1060 animales, valuados en alrededor de 2.000 millones de pesos. La denuncia fue presentada por San Jorge Cereales y Hacienda SA, que reclamó la propiedad de la hacienda y denunció un perjuicio económico.
El consignatario y titular del feedlot, Carlos Lanser, negó desde un principio las acusaciones y sostuvo que los animales eran de su propiedad, respaldados por documentación legal. Tras alcanzarse el acuerdo, Lanser difundió un comunicado en el que aseguró que la situación quedó resuelta de manera transparente y dentro del marco legal, y agradeció el apoyo recibido durante el proceso.
La fiscalía investigó si el traslado y la permanencia de los animales en Córdoba podían constituir un delito de encubrimiento. Sin embargo, tras el entendimiento económico entre las partes, ese expediente se encamina al archivo. El fiscal general Armando Agüero confirmó que, al haberse resuelto el conflicto patrimonial, la causa penal por encubrimiento será cerrada.
En un video difundido desde la provincia de San Luis, Lanser, Agüero y Alejandro Ingaramo, directivo de la empresa denunciante, expresaron su conformidad con el desenlace del caso. Lanser destacó la rapidez del accionar judicial, mientras que Agüero explicó que se realizaron tareas de identificación y seguimiento de la hacienda antes de alcanzar la solución.
Por su parte, Ingaramo afirmó que el acuerdo permitió restablecer la relación comercial entre las empresas y agradeció la intervención de la Justicia pampeana.
No obstante, el cierre de este conflicto no implica el fin de todas las investigaciones. La causa principal por presunta estafa continúa en curso contra Iván Fiorini y Ana Paula Courreges, representantes de San Pablo Oeste SA, quienes estuvieron detenidos con prisión domiciliaria y actualmente permanecen en libertad con restricciones. Según la denuncia, el perjuicio involucró más de 1100 animales.
De este modo, el acuerdo confidencial permitió resolver el eje central del conflicto y normalizar la situación comercial, aunque la investigación judicial por estafa sigue abierta.
Fuente: diarionorte.com
