En el centro de la polémica aparece Palantir Technologies, una empresa estadounidense especializada en análisis de datos masivos y vinculada históricamente a agencias de espionaje y seguridad de EEUU. Su posible desembarco en la Argentina, favorecido por un nuevo marco normativo, abre un debate profundo sobre soberanía, derechos individuales y control estatal.
A fines de 2025, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que modificó de manera sustancial la Ley de Inteligencia. La norma, aprobada sin tratamiento parlamentario, amplió las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), hoy denominada Agencia Federal de Inteligencia (AFI), otorgándole facultades inéditas desde el retorno de la democracia.
Entre los puntos más cuestionados del decreto se encuentra la habilitación para realizar aprehensiones sin una orden judicial clara, la obligación de más de quince organismos públicos de compartir bases de datos personales y la declaración de las actividades de inteligencia como "encubiertas por definición". Esta combinación, advierten juristas, debilita los controles institucionales y dificulta que la ciudadanía conozca si está siendo objeto de vigilancia.
Este giro normativo coincide con el acercamiento del presidente Javier Milei al empresario Peter Thiel, cofundador de Palantir, con quien mantuvo una reunión en noviembre de 2024. Analistas interpretan este vínculo como una señal del interés del gobierno en incorporar tecnología de análisis masivo de datos, un proceso que se habría acelerado en el actual contexto político.
Edificio de la SIDE en 25 de Mayo 11, en la ciudad de Buenos Aires.Palantir es reconocida a nivel internacional por desarrollar plataformas capaces de integrar enormes volúmenes de información provenientes de fuentes públicas y privadas. Sus sistemas, como Gotham y Foundry, permiten cruzar datos financieros, migratorios, telefónicos y de redes sociales para detectar patrones y realizar seguimientos. En EEUU, la empresa es pieza clave en las políticas de vigilancia del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), participando activamente en operativos de identificación, señalamiento y deportación de inmigrantes.
La experiencia internacional alimenta las preocupaciones en la Argentina. Especialistas advierten que el uso de estas herramientas podría derivar en mecanismos de control social, capaces de perfilar a ciudadanos, anticipar conductas y desalentar la protesta. El cruce indiscriminado de datos personales también genera temores sobre la violación de la Ley de Protección de Datos Personales y la posible transferencia de información sensible a sistemas extranjeros.
Otro aspecto crítico es la ausencia de supervisión judicial efectiva. La opacidad que rodea a las operaciones de inteligencia, sumada a las amplias facultades otorgadas por el DNU, configura una zona gris legal en la que los abusos resultan difíciles de detectar y sancionar.
Frente a este escenario, diversas organizaciones presentaron acciones judiciales para frenar la aplicación del decreto. Un juez federal incluso habilitó la feria judicial para tratar el caso con urgencia, reconociendo la gravedad institucional del asunto.
Mientras el gobierno avanza con su agenda de reformas, crece el debate público sobre los límites del poder estatal en la era digital. La posible llegada de Palantir no solo plantea un desafío tecnológico, sino también un dilema democrático: cómo garantizar la seguridad sin sacrificar la privacidad, la soberanía y los derechos fundamentales de los argentinos.
Fuente: diarionorte.com
