El oficialismo logró la sanción sin modificaciones por 45 votos a favor y 25 en contra, con un dato político clave: fue votado por una parte del peronismo y un sector de la UCR acompañó los artículos más perjudiciales. Con esta votación, el Gobierno cerró el período de sesiones extraordinarias y aseguró previsibilidad para afrontar los vencimientos de deuda de enero.
La aprobación fue posible gracias a una compleja red de negociaciones de último momento encabezadas por Diego Santilli, junto a operadores del oficialismo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Desde el despacho de Patricia Bullrich se coordinaron reuniones, llamados y acuerdos con gobernadores, que terminaron presionando a sus senadores para blindar el proyecto. Entre los apoyos decisivos se contaron Chubut, Neuquén, Salta y Tucumán, además de bloques provinciales y aliados del PRO.
El núcleo del conflicto estuvo en el Capítulo II, particularmente en los artículos 12 y 30. El primero otorga a la Secretaría de Educación amplias facultades discrecionales para ,manejar los fondos de las universidades, incluso habilitando el congelamiento de partidas. El artículo 30 elimina los pisos mínimos de inversión en educación, ciencia y tecnología, educación técnica y defensa, desmantelando garantías históricas como el 6% del PBI para educación. La oposición denunció que estos cambios no responden a la reducción del déficit sino a una definición ideológica contra la educación pública.
Durante el debate, el peronismo intentó forzar la votación artículo por artículo, amparándose en el reglamento del Senado, pero el oficialismo impuso la votación por capítulos. Legisladores como Anabel Fernández Sagasti y Florencia López acusaron al Gobierno de violar el reglamento y de "comprar votos" mediante Aportes del Tesoro Nacional. Desde la UCR, el bloque se partió: cuatro senadores votaron a favor del ajuste, mientras otros lo rechazaron por considerar que vulnera principios constitucionales y educativos históricos del partido.
El capítulo aprobado incluyó además préstamos del BID a las provincias, en un contexto de asfixia financiera, lo que transformó la votación en un mecanismo de presión política. A cambio de acceso a financiamiento o alivio fiscal, varios gobernadores avalaron un presupuesto que reduce la inversión estructural en áreas estratégicas y profundiza la dependencia de transferencias discrecionales.
Tras la sanción del Presupuesto, el Senado aprobó también la Ley de Inocencia Fiscal, cuestionada porque limita o elimina controles y sanciones a grandes evasores y funcionará como un blanqueo encubierto y permanente de dinero de procedencia dudosa. El presidente Javier Milei celebró públicamente la aprobación del Presupuesto y felicitó a Bullrich por la estrategia parlamentaria.
El IVA y la deuda externaEl Presupuesto 2026 asigna $14.119 billones a Deuda Pública, dentro de un gasto total de $148 billones para la Administración Nacional. La recaudación del IVA proyectada es del 31% de la recaudación total de impuestos nacionales, con un crecimiento estimado por el gobierno del 18,7-19% respecto a 2025. El proyecto de Presupuesto 2026 estima una recaudación de IVA neto de reintegros de alrededor de $32.900 billones para todo el año 2026.
De esa manera, los pagos de deuda externa previstos serán equivalentes al 43% de la recaudación total del IVA del año próximo. Siguiendo con la equivalencia, más de 400 de cada 1000 pesos que los argentinos paguen de IVA se destinarán al pago de intereses de la deuda externa.
Fuente: diarionorte.com
