El Gobierno de Javier Milei avanza en la elaboración de un nuevo Código Penal que plantea una profunda reconfiguración del sistema punitivo argentino con el objetivo de "poner fin a la impunidad".
El anteproyecto —al que accedió Noticias Argentinas— busca introducir reformas que, según sus redactores, permitan terminar con lo que consideran "una tomada de pelo a toda la sociedad". En esa línea, apunta a cerrar la "puerta giratoria" que, sostienen, habilita que personas condenadas continúen delinquiendo.
La propuesta endurece penas en una amplia variedad de delitos, elimina la prescripción en hechos calificados como especialmente graves y limita beneficios que actualmente permiten reducciones o morigeraciones de las condenas.
El texto prevé elevar los mínimos y máximos en numerosos delitos, bajo el criterio de que las sanciones deben ser proporcionales al daño generado.
El homicidio simple, por ejemplo, pasaría de los actuales 8–25 años a un rango de 10 a 30 años, mientras que en el homicidio agravado —ya penado con perpetua— se incorporarían nuevas circunstancias, como cuando la víctima sea el Presidente, ministros, menores de 16, mayores de 65 o cuando el hecho se cometa en espacios de concurrencia masiva mediante armas, vehículos u otros elementos capaces de provocar múltiples muertes.
También se prevén aumentos en delitos como lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y pornografía infantil. En este último caso, la escala penal iría de 3–6 años a 3–12 años, con agravantes que elevan el mínimo a 4. Para la posesión con fines de distribución, la sanción quedaría entre 4 y 12 años.
En materia de robos, el anteproyecto incorpora figuras específicas para modalidades como "motochorros", "viudas negras" y el hurto de dispositivos electrónicos. El robo simple, por ejemplo, subiría a penas de 3 a 8 años cuando medie fuerza en las cosas, y de 3 a 10 años cuando se ejerza violencia sobre las personas.
Delitos que no prescribirán
Uno de los cambios más profundos es la imprescriptibilidad de un conjunto amplio de delitos. El documento sostiene que las conductas especialmente graves "no deben quedar sujetas al paso del tiempo", ya que ello implicaría una injusticia para las víctimas.
Así, no prescribirán los homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico. El anteproyecto afirma que, sin importar cuánto tiempo transcurra, la Justicia podrá investigar y responsabilizar a los autores.
Fuente: El Liberal
