El Gobierno nacional ha decidido no implementar el protocolo antipiquete durante la Marcha Federal Universitaria programada para esta tarde, en la que se protestará contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el Ejecutivo han asegurado que no se les ordenará a las fuerzas federales que intervengan para evitar cortes de calles, ya que anticipan que la movilización será multitudinaria.
"Que marchen, los vamos a dejar," afirmaron desde el Gobierno, anticipando una postura de no intervención a pesar de la magnitud de la manifestación. Sin embargo, en el Ministerio de Seguridad se han tomado medidas preventivas, y se prevé el instalamiento de vallados en las inmediaciones del Congreso Nacional para evitar posibles enfrentamientos con los manifestantes. El operativo de seguridad estará a cargo del comando unificado que coordina Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Policía Aeroportuaria, quienes intervendrán solo si los asistentes intentan derribar las vallas.
La Marcha Federal Universitaria, convocada para las 17 horas, coincide con la sesión de la Cámara de Diputados, donde se debatirá el rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica. El Gobierno mantiene bajas expectativas sobre la posibilidad de sostener las medidas en la Cámara Baja, ya que se requiere una mayoría calificada para rechazar el veto presidencial.
Desde Balcarce 50, la Casa Rosada también ha intentado acercar posiciones con el sector universitario a través del anuncio de un aumento en las partidas del Presupuesto 2026 para las universidades, alcanzando los $4,8 billones. Sin embargo, este gesto no ha logrado disminuir las tensiones, y la movilización sigue adelante con el respaldo de varios sectores políticos y sociales.
El Gremio Confederación General del Trabajo (CGT), así como diversos sectores del Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica, Volvamos Buenos Aires y el Frente de Izquierda (FIT), se han sumado a la marcha en apoyo a la ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.
El Gobierno también ha expresado su rechazo a la movilización, acusándola de ser una acción "política" y destacando que buscarán dilatar el mayor plazo posible en la aplicación de la erogación presupuestaria, en caso de que el Congreso ratifique la ley.
En cuanto al veto presidencial, el Gobierno justifica su postura al señalar que la Ley de Financiamiento Universitario implicaría un costo de $1,06 billones para el presupuesto del 2025, lo que, según el oficialismo, representa una prórroga ajustada por inflación de la partida de 2023. Además, el Gobierno hace referencia al artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige que cualquier ley con nuevos gastos especifique los recursos necesarios para su financiamiento.
Por otro lado, el equipo técnico del Ministerio de Economía también ha promovido un incremento del 5% en las jubilaciones y del 17% en salud, buscando balancear las demandas sociales con la necesidad de mantener el superávit fiscal.
17-09-25 Fuente: diariopanorama.com
