El viernes por la madrugada, el juez federal Sebastián Casanello ordenó quince allanamientos, en el marco de una causa por supuestos pedidos de coimas a laboratorios que involucra a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y que sería también abogado del presidente Javier Milei.
La investigación dejó mucho material secuestrado y todavía ningún detenido.La investigación impulsada por el fiscal Franco Picardi, quien está presente en los procedimientos, cobró impulso tras la difusión de audios que comprometen a Spagnuolo y al director de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel Garbinelli. En esos registros también se menciona a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo "Lule" Menem, asesor presidencial y hombre clave en el armado político del oficialismo.
En ese sentido, el Juzgado interviniente ordenó los allanamiento destinados a ser efectivizados tanto en los domicilios particulares como en los lugares laborales de Diego Spagnuolo, Jonathan Emanuel Kovalivker y Eduardo Kovalivker (presidente de la droguería Suizo Argentina S.A.) señalados como posibles partícipes en la operatoria investigada.
Además, se realizó la identificación de las personas presentes en los domicilios allanados y colaboraron con el desarrollo de la medida.
LOS PROCEDIMIENTOSEn uno de los allanamientos que fue en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad situada en el barrio porteño de Monserrat dio resultado negativo, mientras que en otra sede situada en el barrio de Belgrano se secuestraron (6) solicitudes de gestión de pagos total (42) fojas y (1) foja de pagos a la empresa Suizo Argentina por $10.828.052.146.
Por otra parte, en el Laboratorio Droguería Suizo Argentina se procedió al secuestro de quince cajas que contenían documentación de interés para la causa y un pendrive que también tiene información de interés.
Además, hubo un allanamiento en dos lugares de Nordelta, en uno se secuestraron USD266.000 y $7.000.000, un teléfono celular y un pasaporte y en el otro se informó que no había moradores.
La primera denuncia contra Spagnuolo y la droguería data de hace un año, aunque cobró fuerza tras el cambio de gobierno. La Justicia investiga si existió un entramado de pedidos de retorno a cambio de la habilitación de compras o contrataciones por parte del Estado.
Fuente: diarionorte.com