Según un decreto publicado el pasado 22 de julio, el gobierno aceptó dos operaciones crediticias con el BID. La primera es por un monto de hasta USD 400 millones y tiene como finalidad financiar el "Programa de Apoyo a Reformas Regulatorias para la Competitividad", una iniciativa destinada a mejorar el ambiente de negocios en el país. La segunda, por otro lado, corresponde a unos USD 800 millones y está destinada a financiar el "Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal II".
El gobierno busca fortalecer la política fiscal y mejorar la eficiencia del gasto en un contexto de restricciones financieras.La aprobación de estos préstamos internacional se enmarca en la estrategia del gobierno para fortalecer la política fiscal y mejorar la eficiencia del gasto público, en un contexto de restricciones financieras y búsqueda de sostenibilidad macroeconómica.
En los próximos días, el gobierno espera recibir el desembolso de USD 2000 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aún en manos de la decisión del directorio del organismo. De manera inmediata, una vez recibido ese dinero la Argentina deberá cancelar un pago al propio FMI de USD 830 millones.
La llegada de la primera revisión de metas entre el staff técnico del FMI y el gobierno pareció funcionar como punto de quiebre y el equipo económico viró la nave hacia una acumulación de dólares más rápida, aún con el Banco Central fuera del mercado, y con las intervenciones reservadas solo para el piso de la banda de flotación.
El ingreso de dólares a través de organismos internacionales resulta vital para fortalecer las reservas al igual que la compra de dólares por parte del Ministerio de Economía, ya que el BCRA solo podría hacerlo en el mercado si el dólar toca el piso de la banda de flotación. Ambos caminos son las opciones a las que echó mano el equipo económico para sumar reservas y cerrar la brecha respecto al umbral mínimo de acopio de divisas al que se había comprometido con el FMI.
Fuente: diarionorte.com
