Días difíciles se viven en los tribunales para Julieta Silva, la mujer públicamente conocida por haber atropellado y matado a Genaro Fortunato en 2017. Este lunes, Silva perdió el beneficio de la prisión domiciliaria y fue enviada nuevamente a un penal, esta vez no por la denuncia de violencia de género de su actual pareja, sino por una causa previa de desobediencia y amenazas.
La decisión fue tomada por el fiscal Fabricio Sidoti debido a un incumplimiento crucial: Silva habría tomado contacto con la hija de su expareja, a pesar de tener una prohibición judicial expresa al respecto.
Así, la exboxeadora regresó al penal de San Rafael, el mismo centro de detención donde ya estuvo en 2018 por la muerte de su entonces novio, Genaro Fortunato. Antes de su ingreso a la cárcel, Silva fue trasladada al cuerpo médico forense para las pericias de rigor.
Nuevas acusaciones y la suma de expedientes
La situación judicial de Silva, a casi ocho años del trágico hecho que la llevó a juicio por la muerte del rugbier Genaro Fortunato, se complicó significativamente.
Este lunes, la Fiscalía de Instrucción Nº2 de San Rafael, bajo la dirección de Sidoti, informó que Silva fue imputada en una nueva causa por los delitos de desobediencia y amenazas. Este expediente se enmarca en una causa anterior donde ya había sido acusada por lesiones leves agravadas por el vínculo contra su actual pareja.
Según el comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, el nuevo expediente se originó por una denuncia radicada el 17 de julio. En esta presentación se reportó el incumplimiento de una orden judicial de restricción de acercamiento que le había sido impuesta a Silva respecto de la hija de su pareja y la expareja de este hombre. En este contexto, también se habrían registrado amenazas verbales, cuyos detalles no fueron divulgados, pero que surgieron de declaraciones testimoniales.
A raíz de estas nuevas imputaciones, las autoridades también dispusieron la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) para garantizar la protección de la hija menor de edad de Silva. Como medida de resguardo inmediato, se resolvió que la niña quede bajo el cuidado de su abuela materna.
Antecedentes: violencia de género y la tragedia de Genaro Fortunato
La imputación de este lunes se suma a la ya existente por un hecho ocurrido el pasado 12 de julio, cuando su actual esposo llamó desesperado al 911 para denunciar una situación de violencia doméstica. Trascendió que el hombre se había encerrado en el baño de la vivienda ante la agresividad de Silva. Al ingresar la Policía, constató que el denunciante presentaba lesiones compatibles con violencia física, incluyendo una escoriación y una tumefacción.
Tras aquella denuncia, la justicia le impuso a Silva una prohibición de contacto con la víctima y le dictó prisión domiciliaria, con monitoreo mediante una tobillera electrónica, dado que la pareja tiene una hija en común de apenas un año. "No fue más que una discusión", minimizó Silva tras ser imputada por "lesiones leves agravadas por el vínculo", agregando el pasado viernes: "Esto con el tiempo se va a arreglar, lo que está pesando acá es mi nombre".
El nombre de Julieta Silva cobró notoriedad en septiembre de 2017, cuando atropelló y mató a Genaro Fortunato a la salida de un boliche en San Rafael, tras una discusión. Ambos estaban alcoholizados. El fallo judicial determinó que Silva realizó una maniobra de giro en U sin percatarse de que Fortunato estaba en el suelo, y la rueda del vehículo le aplastó el cráneo. Por este hecho, fue condenada en 2018 a tres años y nueve meses de prisión por homicidio culposo agravado, y ocho años de inhabilitación para conducir. La condena fue ratificada en 2019, y en 2020, Silva recuperó la libertad tras cumplir dos tercios de la pena.
En diciembre de 2022, volvió a ser noticia al anunciar su casamiento. Paradójicamente, es su actual esposo quien ahora la denunció por violencia de género y por el contacto prohibido con la hija de una relación previa.
Fuente: El Liberal
