La decisión de eliminar el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), materializada a través del decreto 6/2025, generó fuerte impacto negativo en comunidades vulnerables, suspendiendo incluso obras en curso y condenando a vastas zonas al aislamiento digital y socioeconómico.
El FFSU fue un programa esencial para la inclusión digital. Desde su creación, permitió conectar a más de 2.000 barrios populares en todo el territorio nacional mediante proyectos impulsados por la Subdirección de Proyectos Especiales de ENACOM.
Esta herramienta también sostenía a pymes y cooperativas que ejecutaban estas obras, generando empleo local y promoviendo el desarrollo regional. Con su eliminación, no sólo se afecta a las comunidades beneficiarias, sino también a quienes dependen de estas iniciativas para su sustento.
La decisión también impacta directamente en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), un organismo con representación de las minorías parlamentarias que ahora se encuentra intervenido. Esta medida, sin justificación clara, paraliza cientos de obras en ejecución, profundizando la desigualdad territorial y afectando derechos fundamentales como el acceso a la información, la expresión y la conectividad.
Aislamiento digitalLa eliminación del FFSU deja a las regiones más despobladas y vulnerables del país en una situación crítica. En estas áreas, donde la falta de infraestructura impide que operadores privados desplieguen redes de internet, el programa representaba la única vía de acceso a la conectividad.
Sin alternativas tecnológicas viables en el corto plazo, estas comunidades quedan desconectadas, no solo del mundo digital, sino también de oportunidades educativas, laborales y de desarrollo productivo.
La posposición del lanzamiento del satélite Arsat SG1, originalmente previsto para estas fechas y ahora reprogramado para 2028, agrava aún más la situación. En este contexto, la decisión del gobierno parece favorecer a operadores extranjeros que podrían capitalizar el desarrollo de internet satelital como negocio privado, dejando al país a merced de intereses foráneos.
Golpe a un derecho fundamentalLa conectividad es mucho más que una cuestión técnica es un derecho humano que permite a las personas informarse, expresarse y participar plenamente en la vida económica, social y política. La disolución del FFSU por decreto no solo afecta a comunidades y actores productivos, sino que también profundiza las brechas estructurales de desigualdad en el país.
Esta medida se fundamenta en la narrativa de eliminar supuestas "cajas", una justificación que carece de evidencia y responde más a una estrategia política que a un análisis de las verdaderas necesidades de la población. Mientras tanto, los costos reales recaen sobre los sectores más desfavorecidos, empujándolos al aislamiento y frenando su integración sociourbana.
Futuro incierto de la conectividadCon la disolución del FFSU, el desarrollo de infraestructura digital en el país queda en un limbo. Sin herramientas estatales que garanticen el acceso universal, las zonas rurales y periurbanas, donde no existe interés comercial para operadores privados, podrían quedar relegadas por años. Al mismo tiempo, se debilita la capacidad del país para implementar políticas de desarrollo tecnológico soberano.
La eliminación del FFSU no solo es un retroceso en términos de conectividad, sino también una decisión que cuestiona el futuro de miles de argentinos del interior.
En lugar de promover un desarrollo inclusivo, la medida favorece un modelo que perpetúa desigualdades y debilita la soberanía tecnológica del país. Frente a esta realidad, las voces de las comunidades afectadas, las cooperativas y los actores sociales serán fundamentales para exigir soluciones concretas y defender el derecho a estar conectados.
Fuente: diarionorte.com
