Aunque las cuentas nacionales exhibían superávit fiscal primario el gobierno rechazó las demandas populares. Su objetivo era aumentar ese superávit para continuar cumpliendo con los pagos de deuda a los acreedores internacionales.
En el mismo sentido, el gobierno diagramó un nuevo índice de actualización de haberes jubilatorios que los mantenía por debajo de la inflación. Por ejemplo, los jubilados docentes nacionales recibieron en marzo de 2010 un incremento del 0,98%, luego de que el costo de vida aumentara 17% en 2009 (en 2010 alcanzaría el 23%).
Los docentes, en la Ciudad de Buenos Aires y en otros distritos, rechazaron el ajuste en las jubilaciones con asambleas y movilizaciones masivas, aunque la dirigencia sindical de Ctera, liderada entonces por Hugo Yasky, apoyó al gobierno.
El descontento por el 0,98% se extendió y llevó al Congreso a debatir un proyecto de ley para reinstaurar el 82% móvil en las jubilaciones, aunque limitó la propuesta al 82% del salario mínimo. El proyecto también incluía reajustar las jubilaciones congeladas desde 1991 y 2002 y establecer la actualización de haberes según la evolución de los salarios, lo que dio nuevo impulso a los reclamos.
La protesta docente forzó al gobierno a otorgar un aumento de emergencia, pero finalmente la presidenta Cristina Kirchner vetó la ley tras su aprobación en el Congreso, argumentando que "llevaría al país al default".
La historia se repite en la actualidad, cuando además de vetar una nueva fórmula de actualización votada en el Senado, el Poder Ejecutivo continúa estableciendo aumentos por decreto, con el fin de ahorrar dinero para mantener el superávit fiscal y pagar la deuda pública.
Fuente: diarionorte.com
