01/10/2022 - 01:19 Policiales
La Justicia santiagueña investiga presuntas apropiaciones de tierras pertenecientes a familias de pueblos originarios, causa en la que están acusados empresarios, abogados, empleados de algunas empresas y una escribana.
Se los acusa de quedarse con 250.000 hectáreas.
Según el proceso que timonea la fiscal Gabriela Gauna, en el expediente N° 1586/2013 denuncia interpuesta por la fallecida doctora Leticia Mabel Bravo y continuada por el Dr. Carlos Weyembergh en contra de Guillermo Masoni, Horacio Masoni Rodrigo Posse escribana María Mercedes Nuri Juan José Díaz Eduardo Miguel Carlon y Miguel Cabrera, por supuesto delito de asociación ilícita. Con órdenes de detención refrendadas por el juez Darío Alarcón, una comisión policial de la División de Homicidios y Delitos Complejos de la Policía de la Provincia realizó procedimientos y detenciones desde el miércoles.
El abogado Rodrigo Posse fue apresado y ayer recuperó la libertad bajo fianza.
Procedimientos
En forma simultánea, una comisión policial habría viajado a la provincia de Buenos Aires con varios oficios y pedidos de detenciones.
Siempre sobre la base de la acusación, testimonios y procedimientos, trascendió que los hechos denunciados se presentaron en el año 2013.
La abogada Leticia Bravo (ya fallecida) habría denunciado la existecia y accionar de una “asociación ilícita” tendiente a despojar a las familias del interior de sus propias tierras.
A tal fin, los responsables habrían obtenido títulos de propiedad apócrifos, convirtiendo a los reales dueños en usurpadores y procediendo al despojo de todos ellos.
Según la denuncia, una y otra vez, los investigados habrían accionado en contra de aquellas familias y hasta de sus abogados que los defendían, quienes intentaban alcanzar reparaciones que jamás arribaron a buen puerto.
Desde el `70 a esta parte
Las tierras en cuestión habrían sido expropiadas y nacionalizadas en la década del 40. El objetivo del Estado nacional fue que pasaran a los pueblos originarios y campesinos.
La denunciante subrayó que los despojos se iniciaron en la década del `70. En todos los casos, el modus operandi habría sido documentación falsa, procedimientos y desalojos de las propias familias, quienes presentaban documentos y revelaban que hasta sus abuelos nacieron y murieron en las tierras en pugna.
Fuente y foto: EL LIBERAL
