El CELS advierte sobre un crítico panorama.

La organización solicitó que se revoquen los sobreseimientos de los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y de otros funcionarios, y que se aparte al juez Marcelo Martínez de Giorgi. El conflicto gira en torno al hallazgo de 403 fichas confeccionadas por la agencia durante las cumbres de la OMC y el G20, las cuales no solo evaluaban riesgos de seguridad, sino que realizaban un "fichaje ideológico" detallando opiniones políticas, adhesiones partidarias, actividad sindical y creencias religiosas de los monitoreados.

El CELS argumentó que, contrariamente a lo sostenido por el juez Martínez de Giorgi —quien justificó las tareas por necesidades de seguridad y el uso de fuentes abiertas—, el artículo 4 de la Ley de Inteligencia prohíbe taxativamente la recolección de información basada en la ideología o religión de las personas, sin excepciones. La querella destacó que la AFI incurrió en falsedad al negar información en instancias de *habeas data*, como en el caso del académico Francisco Cantamutto, mientras archivaban sus perfiles políticos en el "Área Restringida". Tanto el CELS como el fiscal Franco Picardi coinciden en que la sola sistematización de estos datos constituye un delito de inteligencia prohibido.

Persecución a la disidencia

En un contexto paralelo de hostigamiento a la disidencia política, la represión estatal alcanzó a militantes en Rosario. La Policía Federal allanó los domicilios de dirigentes de Izquierda Socialista, incluido Mariano Soria, bajo la acusación de "ciberterrorismo" y antisemitismo. La organización denunció que se trata de una persecución política por su defensa de la causa palestina y la denuncia del genocidio en Gaza, actividades que realizan en el marco de la solidaridad internacional. Desde el partido afirmaron que condenar el sionismo y el genocidio no es antisemitismo y repudiaron el intento de convertir la solidaridad con Palestina en un delito.

Protesta recibe a Milei en París

Esta escalada autoritaria tiene su eco en la escena internacional. Durante la visita de Javier Milei a París para el "Argentina Week", Reporteros Sin Fronteras (RSF) protestó calificando al presidente argentino como un "depredador" de la libertad de prensa. Mediante un camión que proyectaba los insultos de Milei contra la prensa ("periodistas de mierda"), la organización evidenció el deterioro de la democracia argentina, que ha caído 58 puestos en el ranking mundial de libertad de prensa. RSF documentó que el mandatario publicó más de 1.600 mensajes hostiles a la prensa en solo 47 días, superando en intensidad a las tácticas de Donald Trump.

Desde el espionaje sistemático heredado del macrismo y la impunidad judicial, hasta la criminalización de la protesta solidaria y la guerra verbal contra el periodismo, el panorama describe un cerco creciente sobre las voces críticas y los derechos fundamentales en Argentina.

Fuente: diarionorte.com